En medio de tres operativos de allanamiento hechos en simultáneo en Bello, Sabaneta y Envigado, departamento de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dijín de la Policía Nacional, lograron la desarticulación de una organización delincuencial que se dedicaba al tráfico ilegal de migrantes, y que era conocida como Los Andariegos.
Esta acción, que dejó ocho personas capturadas, se pudo materializar gracias al apoyo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), y dejó en evidencia el accionar de la banda, a la cual se le asociaron 42 eventos ilícitos de tráfico de migrantes, informó la mañana del jueves 18 de 2024 el ente investigador.
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Entre los detenidos figura Cristian Camilo Rivera Pérez, quien, de acuerdo con el material probatorio con el que cuenta la Fiscalía, sería el presunto cabecilla de la empresa criminal. Rivera Pérez ofrecía como si fueran paquetes turísticos dos rutas que utilizaban para llevar migrantes con rumbo a Centroamérica.
Los migrantes se debían enfrentar al tapón del Darién
Dentro de las pesquisas que llevaron a cabo las autoridades, se descubrió que Los Andariegos ofrecían dos planes a los migrantes que estaban interesados en contactar sus servicios.
En el primero de los casos, el trayecto para los ciudadanos extranjeros iniciaba en buses de servicio turístico y de servicio interdepartamental, que se dirigían desde el municipio de Ipiales (Nariño) hasta Necoclí (Antioquia).
Allí, y luego de bajarse de los vehículos, los viajeros debían enfrentarse a un reto mayor, dado que debían pasar por el denominado tapón del Darién, una región selvática caracterizada por sus condiciones inclementes dado que la zona, que cubre cerca de 26.000 kilómetros cuadrados no cuenta con vías, servicios públicos y está a merced del control de grupos armados en algunos tramos.
Una de las rutas era exclusiva para ciudadanos chinos
En cambio, para los ciudadanos de nacionalidad china, los Andariegos contaban con un “paquete completo” y que la Fiscalía calificó como “VIP” (very important person, o persona muy importante en español), por el que llegaban a cobrar hasta US$3.000 por persona.
En este escenario, los migrantes “eran recogidos en Tulcán (Ecuador) y llevados por vía terrestre a Medellín (Antioquia), donde les proporcionaban tiquetes aéreos para que volaran a San Andrés Islas”, aseguró el ente investigador, y desde allí eran embarcados hacia territorio centroamericano.
Dentro de los hallazgos que dejó el trabajo investigativo y de inteligencia, Rivera Pérez “tendría a su cargo la coordinación de lo relacionado con el alojamiento y traslado de los extranjeros”.
Los roles que tenían los capturados
Entre tanto, las otras siete personas detenidas se distribuían las labores de la siguiente manera:
Jesús Nolberto González Bedoya, Reina Marisol Quiceno Aguirre, Nelson Flórez y Francia Elena Ortiz Gaviria tenían la tarea de albergar a los ciudadanos extranjeros en Cartago (Valle del Cauca) y Medellín (Antioquia).
Paula Andrea Serna Pérez y Jorge Alexander Cañarte Arcila, quienes se desempeñaban como empleados de una empresa de transporte intermunicipal tenían a su cargo todo lo relacionado con el transporte de los “clientes”. Mientras que David Jesé Rodríguez Suescún, que trabajaba como taxista, movilizaba a los migrantes cuando llegaban a Medellín.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó a las ocho personas detenidas los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Además de esto, a Rivera Pérez también se le acusó por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Al final ninguno de los hoy detenidos aceptó cargos, motivo por el cual seis de ellos fueron enviados a prisión. Por su parte, Cañarte Arcila y Rodríguez Suescún deberán seguir vinculados a la investigación, y por ello no podrán salir del país.
Con este resultado las autoridades esperan seguir impactando en las organizaciones ilegales que buscan generar ingresos a costa de la necesidad de los migrantes por pasar a Centroamérica.
Esta situación se ha tornado crítica, dado que para finales de 2023, según cifras entregadas por la ONG Human Rights Watch, cerca de 500,000 personas pasaron por el tapón del Darién. Estas cifras se multiplicaron después de 2021, ya que antes de ese periodo el paso fronterizo no reportaba más de 11,000 personas. Desde entonces, cada vez más migrantes se atreven a desafiar la selva, que en algunos casos ha cobrado las vidas de quienes intentan cruzar este inhóspito terreno.