El 12 de julio de 2024, el tribunal internacional Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) recibió de manera formal la demanda de la empresa canadiense Continental Gold, de propiedad de la empresa china Zijin, en contra del Estado colombiano por problemas de seguridad.
Según la multinacional china, las supuestas negligencias del Estado han facilitado al Clan del Golfo avanzar en el control de los túneles en Buriticá, Antioquia, lo que pone en riesgo la presencia e inversiones de la multinacional en el país.
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Ante este panorama, el Gobierno nacional estudia el reclamo arbitral y está en proceso de conformar una mesa de trabajo con el Ministerio de Defensa, la Gobernación de Antioquia y la Agencia Nacional de Minería para defender los intereses de Colombia ante la justicia internacional.
“Fuimos informados de esa demanda ante el Ciadi por parte de la empresa china canadiense. Dicen ellos que hubo una omisión de las autoridades en proteger el derecho que tienen ellos en la explotación minera en Buriticá, Antioquia”, aseguró Cesar Palomino, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje)
Cabe aclarar que, en 2020, la empresa originaria del país asiático compró el 69% de Continental Gold, compañía canadiense dueña del título minero ubicado en el municipio de Buriticá. Con la adquisición, obtuvo los derechos de explotación de la mina, en la que se estima que hay 300 toneladas de oro.
Sin embargo, sus objetivos están siendo afectados por la presencia de grupos armados ilegales, que representan una amenaza a la seguridad de la zona. Según la investigación que adelantó la Policía Nacional y la Fiscalía, la invasión estaría siendo coordinada por el Clan del Golfo, que también financia sus actividades ilícitas con las ganancias que deja la extracción del yacimiento.
En ese sentido, la empresa denunció que desde su llegada trabajan de forma ilegal cerca de 4.000 personas al día. Además de asegurar que han visto saboteada su producción por los constantes ataques del grupo ilegal a sus instalaciones, dejando dos muertos y una reducción del 60% de las operaciones, reveló Reuters.
La situación fuera de control no solo amenaza las operaciones de la empresa sino que también sus ganancias, pues las pérdidas representan el 10% de lo presupuestado a causa de las actividades de minería ilegal, ya que el Clan del Golfo también tiene conocimiento de la riqueza mineral de la zona y, al parecer, ha infiltrado a miles de mineros.
Aunque la multinacional exigió al Gobierno nacional una intervención integral, las medidas no fueron suficientes. Por tal razón, inició un procedimiento de arbitraje internacional ante la imposibilidad de cumplir sus labores en el occidente del departamento. Además de expresar su preocupación por el futuro de la empresa en Buriticá, Antioquia, puesto que la presencia de la banda delincuencial representa un obstáculo para instalarse en la zona, ya que las 9.000 personas que habitan en el territorio están bajo la influencia de la organización criminal.
En respuesta a los reclamos de Zijin Mining Group, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aseguró que harán todo lo posible para que la disputa ilegal sea favorable para el país, “la sociedad colombiana puede estar tranquila que se va a hacer todo lo humanamente posible con su equipo interno que es muy competente y por supuesto debemos contratar una firma de abogados”, indicó Palomino.
La demanda de la multinacional asiática no es el único pleito que tiene el país con empresas extranjeras especializadas en la extracción de minerales. Según la Andje, Colombia se enfrenta a más de cuatro demandas con empresas del sector minero. Entre ellas, figuran Galway Gold INC, Aris Mining, South 32 y Foster Wheeler, que en total reclaman pagos del Estado colombiano de tres billones de pesos en términos de daños y perjuicios, y violaciones a los acuerdos como el Tratado de Libre Comercio (TLC).