Recientemente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentó su informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC , de acuerdo con información conocida por la emisora colombiana Blu Radio.
En el marco del informe trimestral, Guterres destacó la necesidad de seguir buscando consenso para consolidar la paz en Colombia.
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“En el período sobre el que se informa se realizaron notables esfuerzos para mejorar la coordinación y la coherencia entre las entidades involucradas en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Al mismo tiempo, distintos sectores expresaron cada vez más opiniones divergentes sobre la implementación de la paz y las políticas sociales del Gobierno, lo que subraya la necesidad de buscar el consenso y aunar esfuerzos para superar los desafíos persistentes para la consolidación de la paz”, explicó Guterres.
El informe también señala que al menos 421 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo.
“En comparación con el trimestre anterior, en el período sobre el que se informa se redujo el número de homicidios de excombatientes de las FARC-EP (de 11 a 5) y de asesinatos reportados de defensores de los derechos humanos y líderes sociales (de 42 a 25). Sin embargo, la violencia general sigue siendo motivo de preocupación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, el Caquetá, el Cauca y el Chocó, donde operan grupos armados ilegales. La situación podría mejorar significativamente con nuevos avances en la implementación de marcos interinstitucionales, políticas públicas y procesos de toma de decisiones clave relacionados con la protección y la seguridad de las poblaciones priorizadas por el Acuerdo Final y el desmantelamiento de grupos armados ilegales”, advierte el documento.
La ONU también expresa su preocupación por la situación en el suroccidente del país, especialmente por el reclutamiento de menores, la violencia contra las mujeres y el uso de minas antipersonal. Para abordar estos problemas, Naciones Unidas propone estrategias que incorporen perspectivas étnicas y de género.
Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Guterres subraya la necesidad de resolver asuntos relacionados con la seguridad jurídica de los comparecientes, señalando que aún existen desafíos significativos.
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“A fin de aumentar la seguridad jurídica de los exmiembros de las FARC-EP sometidos a ella, la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó en mayo a las autoridades competentes que materialicen los beneficios derivados de las más de 9.600 amnistías otorgadas por el Gobierno en 2017 y 2018. Esto incluye la eliminación de los antecedentes penales por delitos políticos. Aunque se trata de un avance positivo, sigue habiendo importantes desafíos en materia procesal y de carga de trabajo para resolver las cuestiones relativas a la seguridad jurídica de los excombatientes”, señala el secretario general.
Guterres también indicó que, a pesar de los avances, persisten retos significativos en la implementación de las disposiciones de género incorporadas en el acuerdo de paz.