En un movimiento para asegurar la consolidación de la paz en Colombia, el canciller Luis Gilberto Murillo señaló que el gobierno propondrá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la ampliación del plazo para la implementación del Acuerdo de Paz más allá de los 15 años inicialmente previstos.
Esta importante solicitud será presentada por el presidente Gustavo Petro el 11 de julio durante su visita a Nueva York.
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El Acuerdo de Paz, firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), establecía un periodo de 15 años para la implementación de sus diversas disposiciones. Sin embargo, la administración actual considera que este tiempo es insuficiente para consolidar los avances logrados y enfrentar los desafíos pendientes en la construcción de una paz duradera.
En una declaración realizada desde la Casa de Nariño, el canciller Luis Gilberto Murillo destacó la necesidad urgente de acelerar la implementación del Acuerdo de Paz y superar las barreras estructurales que han impedido su completa realización. Este mensaje será llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el presidente Gustavo Petro durante su visita a Nueva York.
“Se trata de acelerar la implementación, pero además de superar las barreras estructurales que tiene la implementación completa del acuerdo. En su estado actual, hay muchas barreras que no permiten realmente su realización. Este será el mensaje que llevará el gobierno colombiano”, indicó el canciller Murillo a los medios.
En su intervención, Murillo explicó que el Gobierno colombiano está considerando la adopción de medidas extraordinarias y de emergencia para acelerar el cumplimiento del acuerdo: “en una segunda oportunidad, tomaremos un par de meses adicionales para definir, en acuerdo con la alta parte contratante, cuáles serán las medidas de choque, las prioridades en estas medidas y también las medidas extraordinarias y de emergencia que se deben adoptar para acelerar el cumplimiento”.
El canciller enfatizó que estas medidas aún no se han definido por completo. Sin embargo, es claro para el Gobierno que, dado el estado actual de implementación y los rezagos observados en estos ocho años desde la firma del acuerdo, no será posible cumplir el plazo de 15 años inicialmente planteado en el plan marco de implementación.
“Estas medidas aún no se han definido por completo; tenemos unas mesas técnicas que están trabajando en la revisión de cuáles podrían ser. El Gobierno considera que, dado el estado actual de implementación y los rezagos en estos ocho años de acuerdo, es claro que no se podrá cumplir el plazo de los 15 años planteados en el plan marco de implementación”.
Así mismo el canciller Murillo admitió que el gobierno aún no ha determinado las medidas específicas que se adoptarán para mejorar la implementación del acuerdo. Sin embargo, destaca que es necesario implementar acciones extraordinarias y de emergencia en los próximos dos años.
“No, no hemos definido qué puede ser. Sin embargo, lo que sí consideramos es que algunas medidas tendrán que ser extraordinarias y de emergencia, al menos en estos dos años, para ponernos a tono con la implementación. Ah, y tendrán que revisarse algunos ajustes en el Sistema General de Participaciones, tanto de tipo legal como jurídico, para poder avanzar en la implementación”, concluyó el canciller en la Casa de Nariño.
El proceso de paz entre el Gobierno Colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) culminó con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, poniendo fin a más de cinco décadas de conflicto armado. Este acuerdo estableció una hoja de ruta para la desmovilización y reintegración de los excombatientes, así como para la reparación de las víctimas y el desarrollo rural.
Desde su implementación, se han logrado avances significativos, como la entrega de armas por parte de las FARC y su transformación en un partido político. Además, se han iniciado programas de desarrollo rural y de sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, la implementación ha enfrentado numerosos desafíos. Entre estos, se destacan las dificultades en la reintegración de los excombatientes, la violencia persistente en algunas regiones y las barreras estructurales que impiden el avance de varios programas.
El gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha reconocido que el plazo de 15 años inicialmente previsto para la implementación es insuficiente debido a estos obstáculos. Por ello, ha propuesto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la extensión de este plazo y la adopción de medidas extraordinarias y de emergencia para acelerar el cumplimiento del acuerdo y asegurar una paz duradera en Colombia.