Durante la pandemia de covid-19, un muro del Cementerio Central de Cúcuta colapsó y reveló bolsas negras llenas de restos humanos cuya identificación era incierta. Esa fosa común de cuerpos casi nadie sabía de su existencia.
Según una investigación de Rutas del Conflicto y difundida por Vorágine y La Liga contra el Silencio, este incidente, ocurrido exactamente el 10 de octubre de 2021, encendió las alarmas sobre décadas de irregularidades en ese cementerio.
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Desde aquel domingo de hace tres años, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han intervenido el cementerio en múltiples ocasiones, develando escenas impactantes: nichos abiertos, lápidas caídas y restos humanos en bolsas sin identificar; incluso, con huesos y otros restos humanos en paredes, techos y pisos, sin una debida sepultura. Un área especialmente problemática es conocida como ‘La Piscina’, un tanque al aire libre lleno de bolsas con restos humanos.
Las investigaciones han revelado que el cementerio fue el principal receptor de cuerpos no identificados e identificados no reclamados desde 1985 hasta 2016. Se ha determinado que al menos 770 personas, en su mayoría víctimas del conflicto armado en la región del Catatumbo, fueron enterradas allí.
La falta de capacidad e infraestructura durante la pandemia exacerbó el problema, según información mencionó El Espectador, el 25 de febrero de 2024.
María del Pilar Valencia, magistrada de la JEP, indicó que de los veinte procesos de medida cautelar que están en curso, el caso del Cementerio Central de Cúcuta es el más crítico “por la magnitud, la gravedad y el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades locales, es el del Cementerio Central de Cúcuta”.
Esto se evidencia en la cantidad de cuerpos dispuestos de manera irregular y la falta de identificación precisa. Además, afirmando que se estaría hablando de casi cuatro mil personas desaparecidas en el Norte de Santander, cuyos restos podría estar en este cementerio.
“La UBPD identificó una línea de investigación que examina el ingreso irregular de cadáveres entre 1999 y 2008″, afirmó un representante del Grupo de Trabajo Territorial de Norte de Santander de la UBPD, según Vorágine. Este periodo coincide con una cantidad significativa de desapariciones forzadas en el departamento.
Durante una intervención en febrero de 2024, la JEP y la UBPD encontraron 211 presuntas víctimas de desaparición forzada en un monumento conocido como San José. Este cementerio podría ser la mayor fosa común registrada en Colombia, señaló El Espectador.
El cementerio, que opera desde 1885, ha registrado malas prácticas administrativas durante décadas. Carlos Ariza, antropólogo forense de la UBPD, explicó a Rutas del Conflicto que “el problema no solo afecta al cementerio de Cúcuta, sino a otros cementerios municipales de Colombia, donde los cuerpos no identificados no generan ingresos”.
José Vicente Leal Dávila, quien fue administrador del cementerio, admitió que personas no vinculadas a la administración ofrecían servicios de alquiler y venta de bóvedas, según la investigación de los medios ya mencionados. Esto ha complicado aún más el proceso de identificación y el manejo adecuado de los cuerpos.
El 29 de abril del 2024, coincidiendo con el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, se señaló la extensión de las medidas cautelares a los cementerios de Villa del Rosario y Puerto Santander, donde se confesó la incineración de personas en hornos crematorios.
Testimonios y documentos revelan que el cementerio fue utilizado como un lugar para desaparecer cuerpos desde antes de la llegada del paramilitarismo en 1999. Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos, ha narrado cómo los cuerpos de “víctimas del F2 de la Policía” fueron arrojados al cementerio, haciendo visible el involucramiento de la fuerza pública en las desapariciones forzadas.
Los grupos armados ilegales prohibían el ingreso de la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CIT) en algunas zonas rurales, impidiendo la recuperación de cadáveres. Luisa Lázaro, de la Fundación Progresar, denuncia que “en varios casos, los cuerpos de muertos en combate no fueron sometidos a necropsia”.
El desafío, según la investigación de Rutas del Conflicto, radica en que la UBPD pueda identificar y entregar dignamente los cuerpos encontrados. Una estrategia incluye la necrodactilia y el cruce de datos en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) de Medicina Legal. Carlos Ariza subrayó que “cada cuerpo encontrado tiene una historia y una oportunidad para cerrar una herida abierta en la memoria del conflicto armado en Colombia”.