La primera dama Verónica Alcocer denunció una supuesta campaña de desprestigio en su contra en la que estarían involucrados funcionarios del gobierno de su esposo, el presidente Gustavo Petro.
En una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, Alcocer solicitó que se investiguen los posibles crímenes de odio y la información falsa que, según ella, circula con el apoyo de personas que trabajan en entidades gubernamentales.
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“Yo, Verónica del Socorro Alcocer García identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio y en condición de víctima, respetuosamente acudo ante su despacho a fin de interponer denuncia con ocasión de las conductas que a continuación se describen, las que posiblemente hacen parte de una estrategia sistemática de desinformación, atentatoria contra la dignidad humana, la honra y el buen nombre, como parte de un ataque orientado a desacreditar personas y grupos, afectando la credibilidad y confianza de sus destinatarios, mediante la difusión de contenido inexacto y engañoso”, se puede leer en la primera parte del documento.
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La primera dama sostiene que tuvo conocimiento el 1 de junio de 2024 de información circulante que intentaba vincularla con actos de corrupción o encubrimiento en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Alcocer afirma que dichos rumores fueron diseñados para afectar su reputación y, a su vez, desprestigiar al gobierno de Gustavo Petro. “Esta campaña de desprestigio busca dañar mi buen nombre y afectar al gobierno al que pertenezco”, mencionó en su carta.
“El pasado 1 de junio de 2024, tuve conocimiento de una información que estaba siendo circulada en varios medios de información, en la que se pretendía asociar mi nombre, imagen, rol y función con supuestos hechos de corrupción presuntamente ocurridos al interior del Gobierno Nacional, específicamente con la Ungrd”, asegura.
Añadió que “dentro del contenido de la información engañosa allí difundida, se pretende relacionar mi nombre con las recientes noticias y actuaciones adelantadas con relación a la Ungrd con el ánimo de afectar mi buen nombre y con ello desprestigiar el ejercicio del Gobierno Nacional presidido por mi esposo Gustavo Francisco Petro Urrego”.
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Alcocer enfatizó que esta campaña no es externa, sino que proviene desde el interior del gobierno. Sostiene que personas pertenecientes a entidades gubernamentales están detrás de la divulgación de estas informaciones.
En el documento se puede leer que “de acuerdo con la información que me ha sido proporcionada, y que pondré en conocimiento de mi equipo jurídico para lo correspondiente, la campaña de desprestigio está siendo impulsada, incluso, por personas pertenecientes a entidades del gobierno que se han dedicado a lograr que, como en el pasado, la información falsa sea recogida por medios de comunicación u opinadores”.
El documento enviado a la fiscal general especifica la urgencia de investigar estos actos, tipificados como crímenes de odio y divulgación de noticias falsas. Alcocer insistió en que se tomen medidas rápidas y efectivas para esclarecer estos hechos. “Espero que esta investigación se inicie de inmediato para salvaguardar mi integridad y la del presidente Petro”, subrayó.
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La primera dama también adelantó que, en los próximos días, dará a conocer los nombres de las personas implicadas en lo que ella describe como “montajes” en su contra.
Indicó que como la “conducta denunciada se ha ejecutado a través de los medios de comunicación masiva, así como por causa o con ocasión de la prestación del servicio público al interior del Gobierno Nacional, tal comportamiento se encuentra agravado en los términos del Art. 134 C N° 2 y 4 del C.P III”.
Finalmente dejo claro que “una vez asignado fiscal e investigador, el equipo jurídico se hará presente para aportar los EMP”, implicando que tiene como demostrar lo que está denunciando.
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Hasta ahora, no ha habido una respuesta oficial del gobierno colombiano o de la fiscal general sobre la solicitud de Alcocer. Sin embargo, este incidente ya ha generado amplio interés mediático y podría tener repercusiones significativas en la política interna.