El ministro de Defensa, Iván Velásquez, le exigió al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, que desmonte de inmediato el grupo de seguridad privado conformado por militares retirados, con uniformes negros y armados, que fueron contratados para ejercer vigilancia y funciones de seguridad en la ciudad.
“La alcaldía de Sincelejo debe desmontar de inmediato este “frente de seguridad”, que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”, señaló el ministro a través de sus redes sociales.
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Velásquez reaccionó a las declaraciones del defensor de derechos humanos Juan David Díaz, de Sincelejo, quien aseguró que causaba preocupación que se delegaran funciones de seguridad a empresas privadas, según dijo a Noticias Caracol, que fue una estrategia que le abrió la puerta a las autodefensas, grupos paramilitares que cometieron violaciones a los derechos humanos.
El alcalde Acuña señaló que el convenio es una articulación entre empresas privadas de vigilancia y las autoridades municipales, con el fin de implementar mecanismos de prevención del delito en las obras públicas y parques públicos de la ciudad.
Lo que causa preocupación es que se trataría de personas armadas, como lo confirmó el mandatario municipal. “La ley establece para los modelos de vigilancia armada y vigilancia sin armas. Hay unos que están armados y otros que no, según sea el caso, eso lo establece la ley y los decretos que regulan la vigilancia privada”, sostuvo Acuña a Blu Radio.
El mandatario asegura que la estrategia está amparada por el decreto 356 de 1994 que establece las modalidades de los servicios de vigilancia, para prevenir amenazas que afecten o puedan afectar la vida, integridad personal o el ejercicio de derechos.
“Cualquier alcaldía tiene el servicio de vigilancia privada porque es complementaria y con la finalidad de evitar el delito y persuadir para la no comisión del delito”, agregó el mandatario municipal.
Según explicó Acuña, el contrato se encuentra publicado en el Secop y consiste en contratar ocho puestos de vigilancia, con turnos de 24 horas o 16 con turnos de 12 horas, que se encargan de vigilar los 50 parques públicos de la capital de Sucre. “Una empresa de seguridad privada debidamente autorizada como se cuidan el hospital, la Alcaldía, los colegios”, afirmó.
Estos equipos están conformados por retirados de la fuerza pública. “La empresa de vigilancia hizo un proceso de selección donde verifica antecedentes, formación y todo, son mayoritariamente exmilitares, ex Armada, ex Ejército como en todas las empresas de vigilancia”, señaló Acuña.
Así mismo, sustenta su iniciativa con una insuficiencia en el número de policías con los que cuenta la ciudad que, según dice, es un uniformado por cada 150 habitantes, que se busca complementar con las empresas privadas. “Eso es completamente legal, está establecido en la Constitución, en la ley, y los decretos reglamentarios que la vigilancia privada, es lo mismo que en cualquier institución”, sostuvo.
El mandatario fue citado a una reunión con la Policía y afirmó que se comunicará con el ministro Velásquez para explicarle el sustento legal de su propuesta. “Si usted me dice a mí, me logra colocar a mí que un servicio de vigilancia privada en un parque público al servicio de la obra pública y los parques públicos de la ciudad son ilegales, indudablemente toca desmontarlo”, aseguró que le dirá al jefe de la cartera de seguridad.
Aunque el mandatario sostiene que acataría la orden, solo en caso de que se demuestre que es ilegal. Para él, las declaraciones del ministro son una “expresión injusta” en contra de las empresas de vigilancia privada que prestan servicios de seguridad a nivel nacional.
“Me parece un acto de opinión que un acto de Gobierno. El mismo Ministerio de Defensa junto con la Superintendencia de vigilancia es la que habilita las empresas de vigilancia. Yo hago un llamado a las empresas de vigilancia del país a las asociaciones de vigilancia que no podemos caer en este estado de opinión hacia las empresas de vigilancia que sataniza un servicio absolutamente legítimo y legal”, señaló.