La Procuraduría General de Nación sorprendió en la mañana de este martes 18 de junio, después de que solicitara a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocar a cinco generales del Ejército que lideraron diversas unidades adscritas a la Primera División entre 2005 y 2008.
Según la solicitud extendida, la JEP debe llamar a estos generales para aportar o ampliar sus versiones voluntarias en relación con las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, también conocidas como “falsos positivos”, que se investiga actualmente en la justicia especial bajo el macrocaso 03, subcaso costa Caribe.
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Entre los altos oficiales que podrían ser requeridos por la JEP se incluye al general Óscar Enrique González Peña, quien deberá concluir la diligencia de versiones voluntarias en relación con su liderazgo en el Comando Conjunto Caribe.
Además, Justo Eliseo Peña Forero y Luis Felipe Cadena deberán ofrecer detalles sobre masacres y otros hechos relevantes durante sus respectivos periodos de mando en esa misma unidad estratégica.
Además, el general en retiro Hernán Giraldo Restrepo deberá especificar si lo previamente expuesto en su versión voluntaria implica una aceptación de responsabilidad, y de ser así, en qué modalidad lo reconoce.
Por último, Fabricio Cabrera Ortiz completará la diligencia de versión voluntaria que quedó pendiente según la observación de la Procuraduría.
Según indicó el Ministerio Público, el propósito de estas convocatorias es complementar con las versiones de estos altos oficiales el trabajo de la JEP para esclarecer las prácticas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate (Mipcbc) a nivel táctico y operacional, y así obtener la verdad sobre las decisiones y omisiones en el nivel estratégico.
En palabras del procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, “la estructura jerarquizada del ejército reclama establecer, de manera clara y precisa, las competencias funcionales de cada mando y las responsabilidades derivadas de las mismas”.
La Procuraduría solicitó además convocar a otros oficiales que fueron parte del Estado Mayor de la Primera División del Ejército durante el periodo bajo investigación. Dijo que esos oficiales deben entregar sus versiones y proveer documentos que sustenten las operaciones en cuestión.
Acosta aclaró: “no todos los militares ejercen actividades análogas dentro del Ejército, por lo tanto, a cada mando le corresponde asumir responsabilidad dependiendo de los marcos de competencias establecidos por las normas jurídicas y la doctrina militar”.
JEP escucha a exgobernadores de Nariño por presuntos crímenes de la fuerza pública
Entretanto, cuatro exgobernadores del departamento de Nariño iniciaron esta semana sus testimonios ante la JEP como parte del Caso 02, que investiga los presuntos crímenes de la fuerza pública en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas.
Estas sesiones se centran en las políticas de erradicación de cultivos ilícitos con aspersión aérea de glifosato en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, y exploran los presuntos crímenes atribuidos a la Fuerza Pública.
En la primera audiencia, realizada el lunes 17 de junio, participó Antonio Navarro Wolff, exgobernador entre 2008 y 2011. el exmandatario regional respondió a las preguntas de la magistrada Belkis Izquierdo Torres, relatora del Caso 02, quien presentó evidencias sobre “hechos victimizantes y daños graves, diferenciados y desproporcionados” relacionados con la erradicación forzada.
Por su parte, Navarro manifestó su oposición a la aspersión con glifosato, calificándola como una “directriz del Gobierno nacional” que resultó en “daños indiscriminados” tanto para la población como para el medio ambiente. Asimismo, resaltó su programa piloto “sí se puede” para la sustitución voluntaria de cultivos en zonas como Leiva, El Rosario y una vereda de Tumaco, en el departamento de Nariño.
El exgobernador también señaló que las guerrillas de las Farc eran los principales actores del narcotráfico en la región, además de mencionar la presencia del ELN y grupos remanentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Durante la audiencia, también se abordaron múltiples aspectos de su gestión, incluyendo políticas de salud, atención a desplazados, enfoque diferencial con víctimas y manejo ambiental. Incluso, se discutieron los resultados del programa de sustitución voluntaria de cultivos y la influencia de los grupos armados entre 2008 y 2011.
El testimonio de Raúl Delgado Guerrero, gobernador entre 2012 y 2015, está programado para hoy, continuando con las sesiones que buscan arrojar luz sobre los efectos de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos en la región.