La investigación contra el exsenador y excandidato a la Gobernación de Antioquia Julián Bedoya Pulgarín, señalado de obtener su título de abogado en la Universidad de Medellín mediante prácticas fraudulentas, avanza a pasos agigantados, después del documento de veinte páginas que la Fiscalía General de la Nación entregó a un juez para iniciar con la etapa de juicio.
Según se conoció en acusación del ente investigador, el origen del caso se remonta al acuerdo que, según la Fiscalía, Bedoya habría establecido con la exconcejala liberal de Medellín Aura Marleny Arcila Giraldo, en un momento en que Arcila mantenía una relación sentimental con el entonces rector de la universidad, Néstor de Jesús Vargas Hincapié.
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El acuerdo entre los políticos habría hecho que el 8 de octubre de 2018, llegara a la Universidad de Medellín una solicitud de reingreso por parte de Bedoya, y en menos de diez días, el 17 de octubre, la universidad respondió admitiendo su solicitud con una rapidez inusual en estos trámites.
A partir de este momento, empezó a tomar una serie de exámenes de alta complejidad en cortos periodos de tiempo, hecho que despertó la atención de las autoridades. Incluso, en una tabla detallada, la Fiscalía ha documentado cómo Bedoya presentó múltiples exámenes en un mismo día, entregando pruebas de diversas materias.
De hecho, se tiene registro de que el 26 de octubre presentó suficiencia procesal general y especial, sociología jurídica, seminario procesal administrativo y filosofía del derecho, lo que resultó sospechoso e inusual considerando la carga académica que estas pruebas suponen.
Entre el arsenal de pruebas contra el excongresista también se tiene la rápida obtención de su tarjeta profesional ante el Consejo Superior de la Judicatura y su graduación el 1° de marzo de 2019 mediante el acta 17538; es decir, apenas cinco meses después de ingresar como estudiante.
“Existió una alteración en varios de los trámites y soportes que sirvieron como sustento para la acreditación y cumplimiento de los requisitos para acceder al título de abogado, puntualmente, lo referido a los documentos de reingreso, los de presentación y aprobación de los exámenes de suficiencia, exámenes especiales y preparatorios; acreditación de un segundo idioma, trabajo de investigación y finalmente la acreditación en el cumplimiento del requisito de consultorio jurídico”, comentó el ente investigador en su acusación.
La Fiscalía también estudió los casos de prerrequisitos incumplidos en sus exámenes, como, por ejemplo, el seminario de derecho procesal administrativo que Bedoya aprobó sin haber terminado cursos previos necesarios.
“Esta afirmación encuentra asidero en el hecho de que el 26 de octubre de 2018, se permitió el pago para la presentación de estas dos asignaturas de manera casi que inmediata, con tan solo tres minutos de diferencia sin que existiera el resultado de la aprobación o no de la asignatura prerrequisitoria, la cual solamente una vez aprobada, podría dar cabida a la presentación de la segunda”, añadió la Fiscalía.
También se detectaron inconsistencias en los documentos de reingreso, pues Julián Bedoya presentó su solicitud en octubre de 2018, pero la aprobación de su reingreso por parte del consejo académico se dio un mes antes; es decir, en septiembre.
El ente también destacó que algunas pruebas habrían sido aprobadas por docentes que no impartían las materias correspondientes, como en el caso del docente Juan Felipe Hernández, quien le aprobó exámenes a Bedoya en asignaturas como filosofía del derecho, procesal civil general y especial, seminario de procesal administrativo y sociología jurídica, sin ser el encargado de estas asignaturas.
Además de estas evidencias, también se menciona una posible colusión de la exsecretaria académica Yolanda Cossio Rincón, quien habría ayudado a programar las pruebas del político acomodándolas a su agenda, a diferencia del resto de estudiantes que deben acoplarse a las fechas establecidas por la institución.
Finalmente, se concluye que el trato preferencial hacia Bedoya no solo se limitó a un ámbito académico; envolvió una red de favoritismos y posible uso de poder político para obtener un título sin cumplir con los requerimientos establecidos por la Universidad de Medellín. Las pruebas de tales irregularidades planean ser presentadas en el juicio próximo que develará más detalles del caso.