No paran los líos para la empresa de energía Air-e y su propietario, Alberto Ríos Velilla, después del escándalo por una licitación de la distribuidora que terminó por ser adjudicada a una generadora del empresario, en medio de críticas por supuestas prácticas anticompetitivas y con precios elevados.
Y es que nuevamente Air-e, encargada de distribuir energía para los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, está en el ojo del huracán por la pelea que ha desencadenado con administración de Gustavo Petro en una intensa disputa que afecta a millones de colombianos en la costa Caribe.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
La controversia gira esta vez en torno a las tarifas de electricidad y las inversiones necesarias para mejorar el servicio. Desde la liquidación de Electricaribe y la designación de Air-e y Afinia como distribuidores de energía en esa zona del país, se impuso una regulación destinada a mejorar el servicio mediante inversiones.
Estas inversiones, que deben realizar los operadores anualmente y que pagan los usuarios en sus facturas, incluyen generación, transmisión, comercialización y distribución, mientras que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) es la encargada de aprobar estos cargos.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación solicitada por la Creg en marzo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y revelada por la revista Cambio, Air-e podría estar violando estas normativas.
Según la denuncia, la distribuidora presentó inconsistencias entre las inversiones reportadas y las cantidades cobradas a los usuarios; es decir, Air-e siguió cobrando tarifas de inversión correspondientes al año 2023, pero en realidad dichas obras no se adelantaron. Esto podría haber significado un aumento de hasta 86 pesos en las facturas de algunos usuarios, aproximadamente el 7% del total mensual.
Ante las presuntas irregularidades, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios verificó la información presentada por Air-e y encontró graves discrepancias en los datos reportados por la compañía. Mientras que la empresa reportó una ejecución real de inversiones por 81.190 millones de pesos en 2023, entregó una cifra mucho más alta, 183.609 millones de pesos, al Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC). Estas diferencias podrían haber permitido a Air-e cobrar más en las facturas.
Sin embargo, el desfase en las cifras se habría dado por una extraña interpretación de Air-e a la regulación, quienes también indicaron que cumplieron con los indicadores de calidad durante diez años y con el plan de pérdidas. “Dicho porcentaje de inversión proyectada o ejecutada anual (7%) debe ser tenido en cuenta, única y exclusivamente como insumo”, se lee en el documento entregado por la revista. Sin embargo, para la SuperServicios, estas excusas resultan insuficientes, insistiendo en que la información proporcionada es inconsistente.
En respuesta, la superintendencia pidió a XM que ajuste las pérdidas reconocidas a Air-e y que utilicen los datos reales del plan de inversiones del 2023. Esta medida busca asegurar que se remunere al operador conforme a las disposiciones regulatorias. Mientras tanto, la Codisgen, gremio comercializador y distribuidor de energía creado por Air-e, demandó penalmente al director de la Creg, Omar Prías, por presunto prevaricato, acusándole de omisión en la mitigación de la crisis energética.
Además de la compleja situación regulatoria y judicial, Air-e también estaría atravesando por serios problemas financieros. Y es que la compañía de energía solicitó el 6 de octubre de 2023 ante la Cámara de Comercio de Barranquilla ser admitida en un Procedimiento de Recuperación Empresarial (PRES), una medida que fue denegada.
Según se conoció, la empresa pretendía acogerse a la medida para así retrasar los pagos a sus acreedores por un plazo de seis meses y así aliviar su situación financiera, pero finalmente tuvo que buscar apoyo gubernamental y presionar al Ejecutivo mientras mantenía prácticas cuestionables para continuar operando.
Expertos en el sector energético aseguran que distribuir energía en el Caribe colombiano es un negocio complicado debido a las altas pérdidas por robo de servicio y falta de pago de facturas. Aunque tanto Air-e como Afinia han enfrentado problemas financieros, Afinia cuenta con el respaldo del grupo EPM, lo que le ha permitido soportar mejor la crisis. Por su parte, Air-e carece de un apoyo similar, lo que agrava su situación financiera.
El malestar y la frustración de los usuarios en la costa Caribe persisten, sin una solución clara a la vista. Mientras tanto, Air-e continúa en el centro de una serie de investigaciones y acusaciones que podrían redefinir el panorama energético en Colombia.