Las autoridades judiciales aplicaron extinción de dominio a 25 bienes que superan los 3.000 millones de pesos, los cuales habrían sido obtenidos con dinero de delitos relacionados con la administración pública.
En este caso, la acción judicial se llevó a cabo en Medellín y los municipios de Marinilla, Urrao, Girardota y Copacabana (Antioquia). Entre las múltiples propiedades que quedaron en poder de la Fiscalía General de la Nación hay cuatro casas, cuatro apartamentos, cuatro parqueaderos, ocho vehículos, además de establecimientos de comercio, y otros más.
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De acuerdo con la investigación que realizó la Dijín y la Fiscalía, dichas propiedades habrían sido adquiridas, presuntamente de forma ilegal por diferentes funcionarios en la alcaldía de Daniel Quintero, pues entre ellos se destacan Álvaro Villada, exsubdirector financiero de AMVA; María Eugenia Domínguez, exgerente de Metroparques; Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparque, entre otros.
“La Fiscalía 40 Seccional Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, adelantado por el Área Investigativa Anticorrupción (Dijín), donde se logra la imputación de seis exfuncionarios públicos, entre ellos dos exgerentes de Metroparques, un subdirector del Área Administrativa y Financiera del AMVA y tres representantes legales de las empresas vinculadas, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”, indica el expediente conocido por Semana.
Además, los investigadores establecieron que los implicados, al parecer, usaron terceras personas para ocultar los bienes que habrían comprado con dinero obtenido, presuntamente, de manera ilegal.
De acuerdo con lo anterior, la Fiscalía menciona a través de un documento que “el modus operandi consistía en invitar a empresas con vínculos familiares que presentaran propuestas al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y así facilitar la entrega de recursos públicos para el mantenimiento y funcionamiento del denominado Parque de las Aguas”.
“Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, entre mayo de 2020 y diciembre de 2022, el Área Metropolitana habría suscrito tres contratos interadministrativos para entregar a Metroparques la suma total de 17.450 millones de pesos″, señaló la entidad judicial en su momento.
Por lo tanto, las personas mencionadas deberán responder, pues al parecer, mediante la ejecución de diversos contratos con las empresas nombradas, serían más de 2.800 millones de pesos que habrían llegado a manos de particulares.
Cabe recordar que, en enero de 2024 salieron a la luz posibles sobrecostos en contratos ejecutados de hasta el 700% por Metroparques durante la alcaldía de Daniel Quintero.
De este modo, los funcionarios y contratistas que fueron imputados por parte de la Fiscalía deberán responder por presuntos millonarios sobrecostos que se habrían dado en la compra de decenas de elementos para el mantenimiento del parque Las Aguas. De acuerdo con las autoridades judiciales, se logró evidenciar que en la adquisición de repuestos y distintos elementos destinados para el parque se presentaron sobrecostos entre el 100% y 700%.
“También se encontró que, durante la ejecución de los citados contratos, al parecer se presentaron sobrecostos en la facturación, mal manejo de los inventarios y no aporte de información de manera clara y oportuna”, concluyó la Fiscalía.
Daniel Quintero y más escándalos por corrupción
Por otra parte, desde el momento en que Federico Gutiérrez llego a la Alcaldía de Medellín, los escándalos por corrupción contra Daniel Quintero y los funcionarios que en su momento lo acompañaron durante su mandato en la ciudad han llegado de forma permanente.
No hay que olvidar que Gutiérrez, junto con el gerente general del Grupo EPM, John Maya Salazar, denunció el 6 de mayo un grave hecho de supuesta corrupción ocurrido en Afinia durante el mandato del exalcalde Daniel Quintero.
Según dijo el mandatario de la capital antioqueña, en su momento recibió información directa de un testigo ―que pidió reserva de su identidad― sobre la venta de la gerencia de la filial de EPM y varios negocios al excongresista William Ortega por un valor de ocho millones de dólares.
Esos movimientos habrían tenido lugar durante la administración de Daniel Quintero para entregar influencia burocrática en la compañía, que presta su servicio de energía en la región Caribe, sobre todo en los departamentos de Bolívar, César, Córdoba y Sucre.
“Bajo qué criterios cambiaron a una mujer gerente profesional de EPM y con gran trayectoria técnica para nombrar a otro. Pues vamos encontrando la respuesta a tantas preguntas. El criterio técnico, al parecer, fueron ocho millones de dólares”, dijo el alcalde en rueda de prensa.
El testimonio que recibió el mandatario asegura que el acuerdo contemplaba que Ortega determinaría el nombramiento del gerente de Afinia, a quien identificó como Javier Lastra, que de hecho sí llegó a la gerencia de la compañía en 2021, luego de que se hubiera desempeñado como asesor externo en la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP) de Bogotá.