El proceso judicial contra los policías involucrados en las supuestas interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), está programado para iniciar con audiencias preparatorias los días 22, 23 y 24 de julio. El caso llamó la atención pública debido a las graves acusaciones de abuso de poder y manipulación por parte de agentes.
Los policías involucrados en el caso de Marelbys Meza, la cual fue sometida a un polígrafo en los sótanos cerca de la Casa de Nariño, además de interceptar sus comunicaciones y acusarla de tener vínculos con el Clan del Golfo, con el fin de poder acceder “legalmente” a su línea telefónica, están dispuestos a cooperar con la justicia. Pretenden revelar lo sucedido e identificar a quienes dieron las instrucciones correspondientes.
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En una entrevista con Caracol Radio, Iván Cancino, abogado de la exempleada, reveló los pormenores del trato injusto sufrido por su cliente. Afirmó que el procedimiento al que fue sometida Meza, consistente en ser llevada a un sótano, atada al polígrafo y posteriormente interrogada en un estado de temor, podría constituir un caso claro de tortura.
“Meter a una persona en un sótano, amarrarla al polígrafo y solo cuando está atada y asustada, hacerle la pregunta de si da su consentimiento, luego realizarle seguimientos ilegales, podría configurar una posible tortura, tipificada o imputada como tal”, señaló el abogado.
La exniñera enfrentó varios abusos a principios de 2023, acusada de robar un maletín con una gran suma de dinero. Fue sometida a interrogatorios, llevada a una prueba del polígrafo y repercusiones desde entonces. El caso no solo afectó a la entonces jefa de gabinete del presidente Petro y a miembros de la policía, sino que continúa en curso. A pesar de haber transcurrido más de un año, las audiencias de la Fiscalía siguen en marcha.
Detalles de los policías implicados en el caso de Marelbys Meza
Las autoridades señalaron a Dana Alejandra Canizales, Carlos Andrés Correa, Alfonso Quinchanegua y Jhon Fredi Morales Cárdenas como presuntos responsables de los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.
Dana Canizales, que en el momento de su captura era patrullera, optó por colaborar con las autoridades tras aceptar cargos por manipulación de informes judiciales y engaño a fiscales. Según informes de la revista Semana, la uniformada firmó un acuerdo de colaboración con la justicia, reconociendo su participación en los hechos y comprometiéndose a cooperar activamente en el proceso legal.
El intendente Quinchanegua enfrenta un proceso penal adicional por supuesta falsedad material en documento público. Según los elementos probatorios recopilados, se sugiere que el intendente habría instruido a un patrullero para “modificar y añadir ciertos apartados” al testimonio de Marelbys Meza, que fue sometida a un polígrafo de manera irregular. Esta acción estaría relacionada con la pérdida de dinero ocurrida en la residencia de Sarabia.
El capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas fueron señalados por presentar ante un fiscal el testimonio de una fuente humana para justificar la interceptación de las comunicaciones de Marelbys Meza.
Estos eventos fueron vinculados a la muerte del coronel Óscar Dávila, que se desempeñaba como jefe de la oficina de anticipaciones de la Presidencia. Según reportes, el uniformado habría fallecido en circunstancias que aún están bajo investigación, mientras que el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente Petro, fue acusado de negligencia en relación con las irregularidades detectadas.
En el caso específico de Dana Canizales, el acuerdo de colaboración resultó en su liberación de la prisión y se permitió cumplir detención domiciliaria. Un tribunal impuso una pena de 80 meses como parte de las consecuencias legales derivadas de su participación en los delitos mencionados.
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