Condena a Chiquita Brands por financiar paramilitares causó indignación: “Un siglo de crímenes por la multinacional del banano”

La decisión de la justicia de los Estados Unidos de condenar a Chiquita Brands, multinacional estadounidense dedicada a la comercialización del banano, por su financiación a los grupos de paramilitares en Colombia, generó el lunes 10 de junio una fuerte ola de indignación en las redes sociales, toda vez que la compañía fue encontrada culpable de entregar millonarios recursos para las estructuras al margen de la ley.

El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar; el senador Iván Cepeda, y el exdirector de la Agencia Nacional de Restitución de Tierras Gerardo Vega, entre otros, se pronunciaron tras la determinación de una corte federal norteamericana, que conminó a la firma a pagar una compensación de más de 38 millones de dólares a las víctimas de los crímenes protagonizados por estas organizaciones.

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Chiquita Brands y United Fruit Company: una historia que se repite 93 años después

El primero en pronunciarse fue Bolívar, que comparó este caso con el que habría dado origen a la llamada masacre de las bananeras, protagonizada el 5 y 6 de diciembre de 1928 por la alianza entre la compañía United Fruit Campany y el Ejército. Un hecho que dejó, según cifras extraoficiales, cerca de 2.000 muertos, luego de una huelga de un mes organizada por el sindicato de la empresa.

“Se repite la historia. En 1928 la United Fruit Campany y el Ejército perpetraron la masacre de trabajadores de las bananeras. Casi un siglo después, Chiquita Brands otra compañía bananera es condenada en Estados Unidos por financiar a paramilitares masacres de campesinos. ¿Actuaron solas? No. En ambos casos el Estado lo permitió”, dijo Bolívar, ante lo ocurrido en el gobierno de Miguel Abadía Méndez.

Este mismo sentido se pronunció el senador de la República Iván Cepeda, que también puso de manifiesto el paralelo entre lo ocurrido hace 93 años en la región del Magdalena, más exactamente en el municipio de Ciénaga, y la participación activa de Chiquita Brands con recursos para estructuras como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que dejaron una estela de muerte en el norte del país.

“Un siglo de crímenes perpetrados en Colombia por la multinacional del banano y sus filiales. Hoy se llama Chiquita Brands, antes United Fruit Company. A esa empresa se le debía prohibir continuar haciendo negocios en el país”, indicó el congresista del Pacto Histórico. Un pronunciamiento al que también se sumó el representante a la Cámara Alejandro Toro, que mostró su satisfacción por la decisión.

“Sobre esta y otras empresas extranjeras, aún falta mucho por saberse en el marco del conflicto interno armado en nuestro país. ¡Que la justicia siga brillando!”, afirmó Toro, que hizo mención en su extenso mensaje a la defensa que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez de los grupos llamados Convivir, cuando era gobernador de Antioquia, y que, según expertos, dio pie para las autodefensas.

Por su parte, Vega, que estuvo al frente de la entidad de restitución en el inicio del Gobierno Petro, indicó que el fallo contra Chiquita Brands es un paso hacia la construcción de verdad en el conflicto colombiano. “Sin embargo, todavía falta que la justicia colombiana proceda y condene a las empresas que eran filiales. Van casi 30 años de impunidad en Colombia y las víctimas siguen esperando reparación”, expresó.

En esta clase de pronunciamientos, lo que ha llamado poderosamente la atención es el silencio del presidente de la República, Gustavo Petro, que tras la decisión no se ha pronunciado. Y es que este hecho evidenció la culpabilidad de Chiquita Brands de haber financiado, a través de sus empresas aliadas, como Banadex S.A., a grupos ilegales de paramilitares que operaban en zonas como el Urabá antioqueño.