La Jurisdicción Agraria logró una nueva victoria en el Congreso con la aprobación de la ley estatutaria en la Cámara de Representantes, con la que se creó la base del organismo judicial que busca resolver los conflictos de tierras en el país. Ahora hace falta la conciliación y el avance del último proyecto en el que se define el detalle de la arquitectura de este mecanismo.
La viceministra de Promoción de la Justicia, Jhoana Alexandra Delgado, en diálogo con Infobae Colombia, señaló que este mecanismo es necesario para darle solución a uno de los problemas base del conflicto colombiano; pero aclaró que todavía hace falta el proyecto ordinario que define el funcionamiento operativo y que todavía no ha sido discutido en el Congreso.
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En el trámite de la iniciativa se han producido varios comentarios y peticiones, tanto de los diferentes sectores que dependen del campo, como de la oposición e incluso de la Corte Suprema de Justicia que formuló una serie de peticiones para modificar el proyecto de ley ordinario.
Todas estas peticiones están en discusión en mesas de trabajo que adelanta la viceministra para lograr consensos y que se pueda desarrollar el debate de la ley, que es el eslabón faltante para que arranque el funcionamiento de la Jurisdicción Agraria, que promete resolver los conflictos de la tierra, pero con énfasis en la protección de los más débiles.
“La Corte Suprema ha hecho varias peticiones que, en la gran mayoría, hemos incluido; en algunas otras no hemos llegado al consenso, pero la gran mayoría de las propuestas o sugerencias que nos ha hecho la Corte han sido y están claramente aceptadas por este proyecto de ley. En lo que tenemos criterios jurídicos distintos, le corresponderá al Congreso de la República realizar la correspondiente verificación, aprobarlo y sacar la mejor ley posible para el país”, sostuvo Delgado.
Uno de los puntos centrales es el recurso de casación que es el último mecanismo que tienen las partes en un proceso para solicitar que se revisen las sentencias, lo cual podría dar paso a que se anulen las decisiones y se modifique el sentido de los fallos, de encontrarse contradicciones jurídicas.
De acuerdo con la viceministra Delgado, la Corte Suprema de Justicia solicitó que se mantengan las facultades de ese tribunal para el estudio de los recursos de casación, contrario al recorte que planteó el Ministerio en el proyecto. También solicitó que se amplíen las facultades de los jueces, por encima de los mínimos que se contemplaron en el documento original.
“La casación tiene unas causales muy específicas, muy difíciles. Si uno va en casación ante la Corte Suprema eso es un trabajo complejo y difícil para el abogado. Como es tan difícil, el Gobierno lo que quería era reducir esas causales, porque yo entiendo que allí hay unas dificultades para las personas que van a acudir a la Jurisdicción Agraria Rural, pero la Corte me dice que deje las mismas causales”, afirmó Delgado.
En cambio, todavía hay discusiones por los principios sustanciales de la Jurisdicción Agraria, en especial la protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agropecuaria. Para el Ministerio de Justicia, ese fundamento es básico para abordar las controversias en el campo.
“Esto generado una cantidad de discusiones porque dicen que no todos los campesinos son débiles, que es un criterio que podría ser mal interpretado o mal usado. Nosotros creemos y seguimos convencidos que la propuesta de esta reforma rural integral y la Jurisdicción Agraria y Rural tiene que tener esta visión, nosotros lo hemos tomado más de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo la viceministra.
El ‘fantasma’ de la expropiación ha acompañado todo el debate de la reforma agraria, pero la viceministra Delgado es enfática que las reglas de la propiedad privada se mantienen como están en el ordenamiento jurídico actual, bajo el principio de mayor protección para la parte vulnerable.
“Las reglas del artículo 58 (de la Constitución Política) de la propiedad privada sigue vigente, no modifico para nada ese artículo 58. Lo único que hace este proyecto de ley es establecer cuál es el procedimiento para cuando estén en discusión problemas de tenencia, uso o relaciones productivas”, puntualizó.
Delgado explica que esta jurisdicción busca resolver problemas de contratos del uso, de la tenencia, del goce y del disfrute de la tierra. Un ejemplo son los casos de mujeres rurales que no tienen título de propiedad, pero que explotan la tierra de manera constante, por lo que se busca establecer si tiene derecho sobre ese predio.
Este proyecto se adapta al reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección y también se reconoce a los sujetos colectivos para que las comunidades puedan acudir a la jurisdicción para los conflictos de tierras.
La viceministra detrás de esta iniciativa es contundente al señalar que “al poseedor de mala fe no se le va a proteger su derecho” y en cambio “va a encontrar un enemigo jurídico”. Con este proyecto los jueces tendrán mecanismos para resolver las asimetrías en cuanto al uso y disfrute de la tierra.
Los procesos que ya están abiertos en líos agrarios seguirán bajo los mismos jueces, aclara la viceministra Delgado. Un punto al que se llegó por acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura y que ha generado preocupación en algunos sectores políticos.
“Lo que nosotros necesitamos es que esta jurisdicción resuelva de una manera contundente y amplia lo que está todavía en el escenario colectivo; pero lo que ya está, ya inició un proceso, ya tiene un juez ya asignado, un juez que en derecho decimos es su juez natural, será ese juez natural el que tendrá que dar la sentencia correspondiente”, aclaró la funcionaria.
El presidente Gustavo Petro señaló que de no avanzar la reforma agraria se podría “calentar una olla a presión” en el campo. Aunque la viceministra Delgado se mantiene al margen de esa interpretación, considera que sí es urgente que se adopte un mecanismo para resolver los conflictos de tierras en el país, que constituyen ya una deuda histórica.
“Tenemos que lograr que los conflictos que se derivan de la tierra tengan, en el ordenamiento jurídico, una respuesta que les permita resolver sus controversias y sus dificultades. No podemos dejar en manos de lo que vaya pasando, del día a día, de cosas a veces por fuera el ordenamiento jurídico para que sean ellos los que en últimas determinan imponer la justicia”, sostuvo Delgado.
Para el Ministerio de Justicia, si se superan los conflictos agrarios, especialmente para las personas más vulnerables, de los sectores más alejados, con respuestas de justicia de acuerdo a sus diferencias, se facilitará el desarrollo de nuevas formas de economía en el campo para alcanzar lo que denominan transformaciones territoriales.
“Si yo tengo en el campo personas que no sienten que están siendo vulneradas por ningún tipo de factor ni interno ni externo, tendré personas que además estén dispuestas también a seguir contribuyendo a lo que en últimas es un escenario de paz y estoy segura de que esta justicia será una herramienta básica para el tránsito hacia la paz. Si nosotros avanzamos hacia la paz, construimos la paz, podríamos tener un estado más democrático y justo”, señaló la funcionaria.
El proyecto ordinario, en el que se ha centrado la discusión, está a la espera de que se cumpla su primer debate antes del 20 de junio, cuando se acaba la legislatura, para que no termine archivado, lo que implicaría una nueva redacción para que se vuelva a radicar.