Los sindicatos del Ministerio del Trabajo en una carta dirigida a la ministra Gloria Inés Ramírez, a los viceministros Edwin Palma Egea e Iván Daniel Jaramillo Jassir, entre otros altos funcionarios de la cartera, denunciaron un compilado de conductas que consideran inoportunas en su derecho a la huelga.
En la misiva, el Comité de Huelga acusó a altos directivos del nivel central y territorial, incluida la directora de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, de imponer a los funcionarios a seguir realizando sus funciones durante la huelga.
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Asimismo, denunciaron la expedición de actos administrativos para la comisión de servicios de servidores públicos durante la huelga, así como la realización de capacitaciones virtuales bajó el argumento de que son obligatorias. Los sindicatos también precisaron que la directora territorial encargada y algunos coordinadores habrían instruido a funcionarios a trabajar desde el hogar.
“Están instando a los funcionarios con instrucciones para que continúen desempeñando sus funciones con el objetivo claro de romper el proceso de huelga, por lo que consideramos se encuentran incursos en la comisión del delito establecido en el artículo 200 del Estatuto Punitivo “, indicó el Comité de Huelga en la carta.
Por tal razón, hicieron un llamado a los funcionarios a respetar el derecho a la huelga, recalcando que están abiertos al dialogo con el objetivo de concertar un plan de contingencia.
La misiva del Comité de Huelga concluyó con un llamado a los altos funcionarios del Ministerio del Trabajo para que eviten comportamientos que atenten contra el derecho a la huelga.
A la fecha, el Ministerio del Trabajo, aprobó una de las solicitudes de los sindicatos que entraron en huelga. Se trata de la bonificación especial por compensación de 50%, establecido en el acuerdo sindical 2023-2025. Esto, después de desarrollar varias mesas técnicas con entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda. El bono, que es un pago adicional para las inspecciones municipales, tiene un costo anual de más de $5.500 millones para 2024.
La cartera dio a conocer que “las acciones sindicales cuentan con plenas garantías”. Además, los motivó a un acercamiento que permita continuar la ruta de diálogo. De igual manera, la entidad que lidera Gloria Inés Ramírez pidió a los funcionarios que están en huelga, que levanten el paro que tiene sin prestación de servicios a varias dependencias del ministerio.
“Esto demuestra una vez más la voluntad política del Gobierno y en particular de la ministra Gloria Inés Ramírez, quien invita nuevamente a las organizaciones sindicales a la mesa permanente de diálogo convocada para hoy 4 de junio de 2024″, informó.
También dejó claro que “reafirmamos que las acciones sindicales cuentan con plenas garantías, y motivamos un acercamiento que permita continuar la ruta de diálogo social propuesta como ejemplo de resolución de conflictos laborales en el país”.
El 31 de mayo, ante la insistencia de la huelga, la ministra Ramírez había explicado que en todo caso el diálogo social permanente promovido por el Ministerio del Trabajo debe partir por reconocer que en diciembre de 2023 se canceló la bonificación acordada de un 25%, y la entidad continuará e insistirá con las gestiones administrativas a su alcance.
“Quiero plantear a todo el territorio nacional, que en el transcurso del día se levantarán las actas permanentes para darle garantía a los servidores públicos que están en huelga, a los que no la apoyan y a la prestación del servicio público a los ciudadanos”, dijo en esa oportunidad.
Además, que se hicieron todas las acciones y gestión administrativa para solventar desde el diálogo social y lo legal, las solicitudes de cumplimiento de un acuerdo sindical que se suscribió hace diez meses (12 de julio de 2023), y que tiene el 55,9% de avance. También, que se asumió el compromiso de los acuerdos que estaban pactados por gobiernos anteriores, desde 2013, 2015, 2017, 2019 y 2021.