Así quedó el acuerdo de participación de la sociedad civil en los diálogos con el ELN

Las delegaciones de paz del Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional firmaron el primer acuerdo de la agenda de diálogos. Se trata del acuerdo de participación en el que se propone convocar a toda la sociedad para definir una serie de cambios que superen las causas del conflicto armado.

Según el objetivo consignado en el acuerdo, se propone convocar al conjunto de la sociedad colombiana, con énfasis en los sectores tradicionalmente excluidos, así como a las poblaciones étnicas, diversidades de género, de todas las edades, así como vincular a las instituciones locales y nacionales, como al sector privado.

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“La participación en la construcción de transformaciones para la paz es un proceso continuo y expansivo mediante el que, reconociendo diferencias e intereses, la sociedad reflexiona, delibera y llega a acuerdos sobre las causas estructurales de sus conflictos; para formular soluciones y estrategias en las que diversos actores, tienen un rol activo que cumplir en la transición hacia un país en paz”, dice el texto.

Para definir la metodología de la participación el Comité Nacional de la Participación, instancia de la mesa de diálogos, desarrolló 78 encuentros con diferentes sectores, en los que participaron más de 8.500 personas de alrededor de 3.200 organizaciones de todo el país. En ellas se definieron los temas que se abordarán en esta nueva fase, divididos en cuatro ejes.

El primer eje es el denominado régimen político en el que se propone dialogar “sobre la transformación de aquellas doctrinas, prácticas, estructuras e instituciones de la organización política del Estado, que vulneran los derechos y el bienestar de la sociedad colombiana”.

En ese sentido se definieron como temas la democratización de la sociedad, doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional, reformas institucionales de los poderes públicos incluyendo la política criminal y el fortalecimiento de la justicia, el desmonte de toda forma de paramilitarismo, así como la violencia política y la participación de las mujeres, entre otros.

El segundo eje que se propone discutir en la participación es el modelo económico. Las transformaciones en este sentido buscarían “impulsar modelos sostenibles y propios de producción en los que el Estado cumpla su responsabilidad social, que superen la desigualdad social y el modelo especulativo y monopólico, que permitan y promuevan una transición hacia un modelo económico no depredador del ambiente, las comunidades y acorde con el interés nacional”.

Se propone que los diálogos con la sociedad sobre el modelo económico giren en torno a la relación entre lo público y privado, políticas de empleo, progresividad tributaria, las economías ilícitas, las economías populares, así como la reforma agraria.

El tercer eje es la política ambiental para dialogar en la relación entre los humanos, los demás seres vivos y la naturaleza. En ese punto se discutirán transformaciones sobre la protección del ambiente, la frontera agrícola, la deforestación y un diagnóstico de daños ambientales y cambio climático, entre otros asuntos como los tratados internacionales.

Finalmente, el cuarto eje que se incorporó en el acuerdo aborda la educación y la cultura, en el que se abordará la cultura patriarcal, las violencias basadas en género, el derecho a la educación, la memoria, reconciliación, la enseñanza de la historia e incluso las tecnologías de la información.

Vera Grabe, jefa de la Delegación de Paz del Gobierno, señaló que ahora viene definir cómo se abordarán los distintos temas y lograr ampliar el diálogo para que incluya a todos los sectores de la sociedad. “Ha sido un trabajo de discusión, de revisión cuidadosa, ver que esté en el marco de la Constitución colombiana, que responda a la normatividad, que sea fiel a lo que plantea la gente”, sostuvo a Caracol Radio.

En el acuerdo de se establece que estos diálogos se realizarán por temas, sectores, territorios, poblaciones, así como se buscarán articulaciones departamentales, provinciales y subregionales, teniendo en cuenta también las cárceles y los colombianos en el exterior.