La reforma a la educación era uno de los puntos principales de la agenda de la Comisión Primera del Senado el jueves 23 de mayo. Sin embargo, no hubo cuórum para llevar a cabo el debate debido a la inasistencia de la mayoría de los congresistas que integran esa colectividad.

Según la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, esta es una estrategia de la oposición para no debatir la reforma y que se hunda en el Senado. Sin embargo, el retraso en su trámite no es el único desafío que enfrenta la reforma a la educación propuesta por el Gobierno nacional.

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Este proyecto de ley tendría problemas fiscales y de ejecución, como indica un informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana. El documento aborda una serie de cuestiones clave que están generando inquietudes entre los expertos en educación y la comunidad académica en general.

Uno de los puntos más destacados es la viabilidad fiscal del proyecto. Aunque el Ministerio de Hacienda ha expresado su conformidad con el proyecto en términos fiscales, el LEE ha identificado implicaciones financieras sustanciales que podrían desafiar la capacidad del Estado para implementar efectivamente la ley.

Según el análisis del Laboratorio de la Javeriana, se necesitarían al menos 41 billones de pesos para un solo año, a precios de 2024, para alcanzar la cobertura total desde la educación inicial hasta la superior, como propone la ley.

“En detalle, se estima que en educación inicial se necesitaría 9,13 billones de pesos adicionales al año. En educación básica, se necesitaría 3,3 billones adicionales al año. En educación media, 4,04 billones adicionales al año. En educación superior, se necesitaría 24,4 billones adicionales al año”, se lee en el documento. Lo anterior marca un panorama complejo, porque no hay claridad sobre de dónde saldrá el presupuesto adicional necesario para ejecutar lo propuesto.

Hay que mencionar que, según el LEE, las cifras anteriormente indicadas no incluyen otros costos importantes, como mejoras en la calidad educativa: nueva infraestructura y mejores dotaciones en las aulas, ni en las condiciones laborales de los docentes; así como tampoco comprende costos asociados a enfoques diferenciales en la educación, todos los anteriores son componentes que sí tiene la ley.

Además de las preocupaciones fiscales, el informe del LEE destaca otros aspectos problemáticos del proyecto de ley. Según el documento, la ley no tiene en cuenta “el desorden institucional en la oferta educativa, lo que puede generar problemas en la implementación”.

Tampoco habría una consideración suficiente en la autonomía de las instituciones educativas. Finalmente, se señala que hay una escasa atención sobre el papel de las instituciones privadas en el sistema educativo colombiano.

“Aunque algunos consideran positivo el hecho de que la ley defina la educación superior como un derecho fundamental e incluya taxativamente a universitarios, técnicos, tecnológicos y escuelas normales, otros consideran que incluir a la educación superior como derecho fundamental desfinanciaría a los más pequeños, lo cual es un error”, señala el reporte.

En Colombia, la ausencia de una Ley Estatutaria de Educación ha sido un tema debatido durante años. Aunque leyes ordinarias (como la Ley 115 de 1994 y la Ley 30 de 1992) han regulado la educación en el país, la falta de una legislación estatutaria que garantice la educación como un derecho fundamental en todos los niveles educativos ha dejado un vacío legal significativo.

La propuesta de una Ley Estatutaria de Educación busca llenar este vacío y establecer un marco legal sólido para el sistema educativo colombiano. De acuerdo con el LEE, los puntos positivos de esta ley son el aumento en el acceso y la cobertura educativa; además, garantizará la pertinencia de la educación para todos los ciudadanos, con especial énfasis en grupos vulnerables como personas con capacidades diferentes, talentos excepcionales y víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, los borradores de esta ley han generado importantes dudas sobre sus implicaciones: “Aunque la intención es loable, el proyecto de ley genera grandes dudas sobre el verdadero alcance para enfrentar los retos de formación que impone la educación en Colombia”.