Envuelta en un escándalo de marca mayor se encuentra María Claudia Peñuela, exreina santandereana que enfrenta un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación, tras las acusaciones de abuso de condiciones de inferioridad hacia un adulto mayor, Miguel Ángel Nieto Pallares, por las que es señalada de haberse aprovechado para obtener una fortuna con un negocio, al parecer, carente de legalidad.
Luego de que se diera a conocer el escrito de acusación presentado por la Fiscalía en su caso, Peñuela dio a conocer el martes 14 de mayo de 2024 un comunicado oficial en el que desmintió el delito del cual ha sido acusada. Y argumentó que sus actuaciones se ajustaron a los lineamientos dispuestos en ley, con lo que empezó una férrea defensa para, según ella, limpiar su buen nombre.
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La controversia surgió tras hacerse público un contrato de compraventa firmado en 2016 con Nieto Pallares, por el cual Peñuela adquirió una propiedad, el Edificio Sampayo, a cambio de $1.680.000.000, en pago que hizo a través de dos cheques del banco BBVA y una camioneta, de acuerdo con su versión cumpliendo así las instrucciones de pago del vendedor y su compañera sentimental.
Sin embargo, la transacción fue posteriormente desconocida por la viuda de Nieto Pallares y su hija, que solicitaron la anulación de la venta, basándose en la supuesta incapacidad absoluta de Nieto Pallares desde 2005 para tomar este tipo de decisiones.
La defensa de María Claudia Peñuela ante los señalamientos en su contra
En su misiva, la mujer – que en 2001 representó a Santander en el Reinado Nacional de la Belleza – indicó que sobre este caso la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó que la venta se llevó a cabo cumpliendo con todos los requisitos legales. Y agregó que no existen registros médicos que indiquen un trastorno o incapacidad en Nieto Pallares que pudiera invalidar el negocio efectuado entre las partes.
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A su vez, alegó a su favor que el avalúo presentado por las demandantes incluye un tercer piso que, hasta la fecha, no se ha legalizado, y que, por lo tanto, “no es susceptible de ser avaluado”. A esto se suma que, de acuerdo con la mujer, el avalúo ordenado de oficio por la justicia civil demostró que “el valor del inmueble era incluso inferior al valor pactado y efectivamente pagado”.
Y es que pese a lo que serían los reveses judiciales para los demandantes, pues, además de la Corte Suprema, el caso también estuvo bajo dominio de la Corte Constitucional, los familiares de Nieto Pallares trasladaron el caso a instancias de la Fiscalía. Y fue entonces cuando lograron que la mujer fuera señalada del delito de abuso de condiciones de inferioridad, contemplado en el artículo 251 del Código Penal.
“Las sentencias de primera y segunda instancia, así como la providencia de la Corte Constitucional, fueron adversos a las pretensiones presentadas por los demandantes, afirmándose que la venta del inmueble se había celebrado con el cumplimiento de todos los requisitos legales y estableciendo claramente que el vendedor no era incapaz al momento de la celebración de este negocio”, enfatizó.
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De acuerdo con el ente acusador, había méritos para avanzar con el proceso penal, lo que aumentó el escrutinio público sobre el caso. No obstante, Peñuela afirmó que existen pruebas que demuestran la legalidad de la transacción y la capacidad mental de Nieto Pallares para llevar a cabo dicho negocio. A su vez, hizo relación de un informe que describe al vendedor como una persona con inteligencia, juicio y raciocinio.
“Tal como se demostró en el proceso civil, se demostrará al interior del proceso penal que la compraventa del inmueble se ajustó a todos los lineamientos y requisitos de ley, por lo que no se cometió delito alguno”, insistió la exreina de belleza. Como era de esperarse, el caso ha despertado el interés por la relevancia de la figura de Peñuela, reconocida en Bucaramanga y el resto del departamento.