Los magistrados investigadores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, identificaron que en la campaña presidencial de Gustavo Petro, tanto en la primera, como en la segunda vuelta, se habrían violado los topes de legales.
Esta información está contenida en la ponencia de apertura de pliego de cargos contra la campaña. Los anteriores datos fueron dados a conocer por la revista Semana.
La investigación sobre la supuesta violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro entra en una nueva fase tras la presentación, la mañana del 8 de mayo, de la ponencia que propone la formulación e imputación de cargos por parte de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz. Este paso podría iniciar formalmente el proceso contra el actual presidente y su equipo de campaña.
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Durante la primera vuelta electoral, la campaña sobrepasó el límite de financiamiento establecido en 28.536.520 millones de pesos, por un excedente de 3.700 millones de pesos, de acuerdo a la evidencia recabada por el equipo de Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz.
Para la segunda vuelta, donde el tope era de 13.347.457 millones de pesos, se registró una superación de 1.600 millones de pesos en el financiamiento de la campaña.
Durante la primera vuelta electoral, los investigadores identificaron ocho posibles anomalías relacionadas con la no declaración, por parte de la campaña, de contribuciones realizadas por donantes como Fecode, el Polo Democrático, la USO, así como gastos en testigos electorales, transporte aéreo y otros aspectos vinculados a la campaña del Pacto Histórico.
Según lo informado por revista Semana, parece que existió un patrón de no reportar adecuadamente ingresos y egresos. Fecode realizó una contribución de quinientos millones de pesos, lo cual no solo excede los límites establecidos, sino que también proviene de una fuente de financiamiento prohibida.
El Polo Democrático realizó un préstamo de quinientos millones de pesos, que fue registrado de manera inusual en la contabilidad de la campaña; y la USO aportó 121 millones de pesos, considerados igualmente de una fuente prohibida.
En cuanto a la segunda vuelta, el equipo investigador del CNE identificó tres contribuciones procedentes de fuentes no permitidas, todas de personas jurídicas, incluyendo a Fecode, USO e Ingenial Media.
De acuerdo a los informes, la USO aportó 379 millones de pesos. Además, se registraron 950 millones de pesos en servicios de transporte aéreo no declarados. Respecto a los testigos electorales, se detectó un monto de 177 millones de pesos que también quedó fuera de los reportes oficiales.
El medio antes mencionado de igual manera informó que la celebración del triunfo de la campaña en la segunda vuelta, realizada en el Movistar Arena, tuvo un coste de 250 millones de pesos, por el que se emitió inicialmente una factura.
Posteriormente, esta factura fue anulada y el pago se fraccionó; 150 millones de pesos fueron cubiertos directamente por la campaña. En el marco de la investigación, los magistrados encargados concluyeron que los 100 millones de pesos restantes fueron abonados por Ricardo Roa, gerente de la campaña, utilizando su tarjeta de crédito personal.
Por otro lado, en caso de que la ponencia sea aprobada y se determine la responsabilidad del candidato, el gerente de campaña y los dos auditores, podrían enfrentarse a multas que oscilen entre el 1% y el 10% del total de los fondos desembolsados. Asimismo, podría ordenarse la devolución, ya sea total o parcial, de los recursos proporcionados.
Para los directivos de los movimientos políticos que realizaron donaciones, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1475, las sanciones posibles incluyen multas que van desde los 18 hasta los 184 millones de pesos, así como amonestaciones, suspensión o destitución del cargo directivo, e incluso la expulsión del partido político.