En los últimos años, Colombia ha experimentado un alarmante aumento en el asesinato de líderes sociales. La situación se ha agravado en regiones donde la presencia del Estado es limitada y operan grupos armados ilegales, que se disputan el control territorial para actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.
Precisamente, en la noche del martes 30 de abril, se registró un nuevo crimen contra líderes sociales. La víctima fue identificada como Antonio Montañéz, que ejercía como presidente de la Junta de Acción Comunal de Bocas del Arauca y se desempeñaba como vicepresidente de Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) en dicho municipio.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
De acuerdo con información reportada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el líder social fue asesinado en un ataque armado perpetrado por al interior de una vivienda ubicada en la urbanización Praderas, del sector de Playitas en Arauca.
El alcalde de Arauca, Juan Quenza, lamentó lo sucedido y rechazó el asesinato del líder social: “Lamentablemente en Arauca los líderes son perseguidos y pues finalmente hoy tenemos que rechazar este acto violento. La forma en la que lo asesinaron es ruin, es una manera con la que no se le debe quitar la vida a nadie”.
La fundación Theseus también se pronunció sobre el crimen: “Lamentamos el asesinato en Arauca de Antonio Montañez, otro líder social que se suma a la lista de crímenes que no cesan contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales”. Y aseguró que la violencia persiste en gran parte del territorio nacional: “Seguimos ante un Estado arrodillado ante los criminales”, puntualizó.
Por su parte, Orlando Barahona, presidente de Asojuntas pidió justicia en las investigaciones por el asesinato del líder Antonio Montañéz: “Ni un solo líder comunal más asesinado, exigimos a las autoridades y organismos internacionales justicia, paz y reparación”, manifestó según RCN Radio.
La Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana AT 011/23 que incluye a Arauca y la AT 019/23 para líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, en las cuales señala el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores en el país.
La entidad ha sido enfática en señalar que la imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgos de violación a los derechos de la población.
Y es que, en Arauca, actualmente hacen presencia grupos armados ilegales como el Frente 10 Martín Villa, perteneciente al Comando Conjunto de Oriente del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, distintas fracciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de carácter local.
Con el asesinato del líder social Antonio Montañéz, ya son 59 los defensores de derechos humanos asesinados en lo corrido de 2024, según cifras de Indepaz.
Cabe recordar que, de acuerdo con la más reciente edición de la revista Noche y Niebla, presentada el 24 de abril por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la oenegé Colombia Diversa, Colombia sufrió un recrudecimiento de la violencia en 2023, año en el que se presentaron 1.277 crímenes como consecuencia de violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia política.
De la cifra anterior, 497 casos corresponden a pérdida de vidas relacionados con ejecuciones extrajudiciales, homicidios intencionales y asesinatos por motivos políticos o de intolerancia social. Además, líderes sociales indígenas y campesinos fueron las principales víctimas de la violencia en 2023.
El informe detalla que el departamento de Cauca fue el epicentro de la violencia, con el 28,7% de los crímenes registrados en el país durante ese año.