En un comunicado publicado en la página web de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión (Srfoe por sus siglas en inglés) condenó el asesinato de tres periodistas colombianos, hechos que se registraron durante abril de 2024.
En su comunicación, la Oficina del Relator le solicitó a las autoridades colombianas adelantar una investigación diligente y profunda que permitan esclarecer estos crímenes y asegurar justicia para las víctimas y sus familias.
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De acuerdo con la Srfoe, los asesinatos comenzaron con Jaime Vásquez en Cúcuta, Norte de Santander, seguido por el de Julio Zapata en San Rafael, Antioquia, y el de Hilton Eduardo Barrios en Puerto López, Meta, a los que se les consideró como una pérdida irreparable para sus seres queridos, y una señal alarmante del intento de silenciar las voces críticas y el ejercicio del periodismo en el país.
Al respecto, la Oficina del Relator Especial aseguró que “los actos de violencia cometidos contra periodistas y trabajadores de los medios no solo violan gravemente su derecho a la vida, sino que también buscan suprimir radicalmente su derecho a expresarse libremente y generar un efecto de autocensura”.
Los tres periodistas asesinados
Jaime Vásquez, conocido por sus denuncias de corrupción en el entorno local, fue atacado por un sujeto armado en motocicleta, el cual, le disparó en tres oportunidades. Según la Srfoe, fue una tragedia agravada por el aparente fallo en las medidas de protección asignadas por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
De acuerdo con el reporte de las autoridades, Vásquez fue transportado con vida a un centro de salud, pero los galenos confirmaron su muerte dadas la gravedad de sus heridas.
A pesar de contar con ciertas medidas de seguridad, se reportó que en el momento del ataque no llevaba el chaleco antibalas ni estaba acompañado por su guardaespaldas. Sobre este suceso, la UNP indicó que estaba en proceso de reevaluación de estas medidas, un proceso que preocupantemente se extendió por cinco meses.
Julio Zapata fue asesinado en su hogar ubicado en San Rafael, Antioquia, dado que fue víctima de un ataque con arma blanca. La Srfoe resaltó su contribución al periodismo local a través de la fundación de San Rafael Online y como presentador del programa El Despertador, pues así logró convertirse en una voz importante en su comunidad.
Tras la muerte de Zapata, la alcaldía de San Rafael convocó un Consejo de Seguridad para abordar este crimen y otros actos de violencia en la región.
Por otro lado, en Puerto López, Meta, Hilton Eduardo Barrios, periodista y ex candidato a la alcaldía, fue asesinado en un establecimiento comercial. Barrios era reconocido como un líder social al estar involucrado en temas de ordenación territorial y reforma agraria, fungía como director del medio local Ciudadanías, lo que le permitió denunciar actos de corrupción, por lo que su asesinato desencadenó el repudio de la comunidad y la demanda por justicia por parte de las autoridades locales y de derechos humanos.
La CIDH, a través de su Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión, recordó que es deber de los Estados prevenir, investigar y sancionar estos actos; como también, hizo un llamado al Estado colombiano para fortalecer los mecanismos de protección para los periodistas, asegurando que sean efectivos y proporcionen la debida protección.
La Relatoría agregó que “los Estados deben proporcionar medidas para proteger la vida e integridad de los periodistas que se encuentran sujetos a un riesgo especial”, dado que se convierte en una responsabilidad clave en la defensa del derecho a la libertad de expresión y en la consolidación de un sistema democrático robusto.