La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra funcionarios de la Superintendencia de Subsidio Familiar por el presunto pago de un servicio de transporte en época de pandemia, cuando los funcionarios hicieron su trabajo desde casa.
De acuerdo con la procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, al parecer, el contrato pactado con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco no se ejecutó, a pesar de lo que autorizó cancelar cerca de $400 millones, lo que pudo representar un detrimento patrimonial a las finanzas públicas.
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El organismo de control disciplinario señaló que tanto el secretario general encargado de la Superintendencia de Subsidio Familiar, como el coordinador del Grupo de Gestión Administrativa, William Alberto Acosta Romero, al que también se está investigando, conformaban el comité operativo, y habrían incurrido en una irregularidad al firmar la certificación de cumplimiento del objeto del contrato y su correspondiente acta de liquidación.
De igual manera, el Ministerio Público validará la participación del contratista José Ignacio Sarmiento, particular en el ejercicio de funciones públicas, que estuvo encargado con Acosta de la supervisión del negocio jurídico.
Por ahora, la investigación avanzará en etapa procesal, con una solicitud de pruebas que hizo la entidad buscando verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Cabe recordar que el secretario general encargado de la Superintendencia de Subsidio Familiar, llegó a su cargo después de que en noviembre de 2023, la Procuraduría profiriera pliego de cargos y suspendiera provisionalmente por tres meses al superintendente Luis Guillermo Pérez Casas, por las modificaciones realizadas a la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación.
La suspensión provisional y el primer cargo se fundamentaron en que Pérez Casas habría modificado, sin justificación legal, la lista de elegibles mediante la variación de los requisitos inicialmente exigidos, con lo que fueron incluidas personas que no habían participado en la convocatoria realizada en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos para integrarla.
Esa situación le permitió designar a Juan Carlos Carvajal Rodríguez como director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila (Comfamiliar Huila).
Para el Ministerio Público, el superintendente habría desconocido los principios de igualdad, legalidad, moralidad, entre otros, dado que disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles, que era “definitiva, obligatoria e inmodificable”.
La suspensión provisional en el cargo se fundamentó en el hecho que, mientras el superintendente Pérez Casas lo ejerza, podría seguir modificando la lista de elegibles, vigente desde el 5 de agosto de 2022 hasta el 5 de agosto de 2024 y, por tanto, designar directores o agentes liquidadores que no participaron en la convocatoria inicial.
La Procuraduría también abrió investigación sobre una solicitud de dinero a las cajas de compensación para ayudar a la población de Buenaventura que habría hecho el superintendente. El órgano de control disciplinario señaló que, independientemente del fin altruista, el funcionario no podía solicitar a las cajas vigiladas contribuciones distintas a las ordenadas por ley, es decir, para la administración de los recursos parafiscales con los que se financia el Sistema del Subsidio Familiar, el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Según lo afirmado por el funcionario en un evento público, al 9 de diciembre de 2022 los aportes recibidos superaban los $900 millones, y para el 15 de diciembre de ese mismo año esperaba completar $1.000 millones.
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