Secuestro de funcionarios del CTI en Cauca: disidencias de las Farc confirman que los tienen en su poder

En un reciente y preocupante incidente en Colombia, disidencias de las Farc confirmaron el secuestro de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y una civil en el departamento de Cauca. Los afectados son Bethy Amanda Mage Imbachi y Gerzón René Rivera Fernández, quien desempeña funciones de policía judicial, además de María Yeni Ruiz, una ciudadana que los acompañaba. Este suceso tuvo lugar en la zona rural de Dominguillo, municipio de Santander de Quilichao, después de que el equipo regresara de una misión de verificación como parte de una investigación.

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A través de un comunicado, el grupo criminal articuló que los secuestrados se encontraban en “una zona bajo control político y militar” de las disidencias, afirmando su posesión sobre los mismos. Lo inquietante del secuestro reside en el agravante de que fue interpretado bajo el erróneo pretexto de que los funcionarios realizaban labores de inteligencia, una confusión destacada por las Farc entre las funciones de policía judicial e inteligencia.

“La ruptura al cese al fuego pone en riesgo a militares, policías y demás funcionarios del Estado”, enfatizó el documento firmado por el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental, aludiendo a un contexto mayor de tensión y riesgo para aquellos que transitan o realizan labores dentro de las áreas de influencia del grupo armado.

La Fiscalía, por su parte, ha calificado el secuestro de inaceptable, destacando la grave situación de seguridad que implica este acto para los funcionarios del Estado y la población civil.

Por lo anterior, a través de redes sociales, la Fiscalía publicó un comunicado en el que rechazaba tajantemente el secuestro de los funcionarios del CTI. “La Fiscalía General de la Nación rechaza el secuestro de los servidores del CTI Bethy Amanda Mage Imbachi y Gerzón Rene Rivera Fernández, pide respeto por su vida e integridad física, y exige su liberación inmediata a las disidencias de las Farc Gaor Dagoberto Ramos”, fueron las palabras del ente acusador.

Este incidente subraya una cruda realidad: las zonas de control de las disidencias no solo representan un peligro latente para las fuerzas del orden, sino también para civiles que, como en el caso de María Yeni Ruiz, pueden verse atrapados en medio de estas confrontaciones. Además, las disidencias en su comunicado intentaron pintar el secuestro bajo una luz de legítima defensa, advirtiendo que los agentes del CTI se encontraban ejerciendo labores de inteligencia, una afirmación que pone de manifiesto la volátil interpretación de las actividades estatales por parte de los grupos criminales.

La distinción errónea sobre las funciones de los secuestrados ilustra una preocupante tendencia de los grupos armados a justificar actos de violencia mediante malentendidos o acusaciones infundadas. Esta situación recalca la fragilidad del orden y la seguridad en regiones bajo el yugo de disidencias que se enfrentan contra el Estado y amenazan la integridad y bienestar de la sociedad civil.

El caso de Mage, Rivera, y Ruiz ejemplifica el alto riesgo que enfrentan los servidores públicos y civiles en áreas de conflicto, subrayando la urgente necesidad de fortalecer mecanismos de seguridad y protocolos de actuación para prevenir futuros incidentes de este calibre. La comunidad internacional y las autoridades colombianas deben prestar especial atención a este secuestro, buscando soluciones que aseguren la liberación inmediata de los rehenes y, a largo plazo, la pacificación de las regiones afectadas por la presencia de grupos armados.

La escalada de violencia y secuestros por parte de disidencias de las Farc en Colombia requiere de un enfoque multifacético que contemple la seguridad, la justicia social y el desarrollo económico como pilares para alcanzar una paz sostenible en el país. Este incidente no solo demanda una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades colombianas, sino también un reafirmado compromiso con los procesos de paz y la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional.