La JEP ha anunciado una iniciativa que comenzará este jueves y se extenderá durante los próximos 17 días: una intervención forense en el osario del Cementerio San Agustín en Samaná (Caldas), con el fin de recuperar al menos 90 cuerpos que podrían pertenecer a víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado, de acuerdo con información conocida por la emisora colombiana W Radio.
“Estas acciones son una respuesta a aquellos que buscan a sus seres queridos, especialmente en Caldas, donde hay registros de osarios colectivos donde se depositaron cuerpos violentados durante el conflicto de manera inadecuada”, explicó el despacho de la magistrada Reinere Jaramillo.
Antes de esta intervención, se llevaron a cabo diversas actividades forenses en el Cementerio San Agustín, que resultaron en la recuperación de 29 cadáveres, de los cuales 8 han sido entregados de manera digna. Entre las víctimas hay cuerpos que muestran señales de violencia extrema, como la ausencia de cabeza y otros signos de trauma.
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El comunicado también detalla diferentes tipos de violencia sufrida por las víctimas, como heridas de bala, decapitaciones, traumatismos craneoencefálicos por objetos cortantes, muertes por heridas múltiples, fracturas por explosiones de granadas y muerte en enfrentamientos armados, entre otros.
Las actividades forenses se llevarán a cabo con un enfoque metodológico especial que podría replicarse en otros lugares donde se sospeche la presencia de restos de personas desaparecidas. Este proceso constará de cinco fases, siendo la intervención la tercera fase. Luego se elaborarán informes de seguimiento sobre los cuerpos recuperados y finalmente se incluirá la participación de las víctimas en el proceso.
La JEP de Colombia ordena proteger la memoria y verdad de víctimas de desaparición forzada
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó una medida cautelar nacional, así como una audiencia pública, para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada en Colombia, informó este jueves el alto tribunal.
La medida de la JEP busca proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno, un crimen transversal a los once grandes casos que investiga.
Según la Unidad Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), más 100.000 personas fueron desaparecidas en el conflicto armado colombiano.
Para la JEP existe una “estrecha relación entre la verdad, la memoria y los derechos de las víctimas. Hacer justicia por este crimen implica concederles el derecho a saber las circunstancias en las que se dieron las violaciones, los acontecimientos y motivos que llevaron a la perpetración de los crímenes”.
Igualmente recordó que la falta de consolidación de sistemas de información relacionados con la búsqueda e identificación y el subregistro de víctimas de desaparición son algunas de las problemáticas identificadas durante en el trámite de las medidas cautelares.
Hay evidencia de falta de coordinación; la necesidad de un fortalecimiento presupuestal y tecnológico; ausencia de una política pública integral para abordar la desaparición forzada, así como la custodia y preservación de puntos de inhumación; baja participación en tomas de muestras biológicas y precariedad de infraestructura para el tratamiento y abordaje de los cuerpos, detalló la JEP.
En ese contexto, para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada, unificar la ruta de acción y definir las estrategias que permitan dar respuesta efectiva, se “adoptó una medida cautelar nacional que busca articular los deberes institucionales de los entes nacionales y territoriales con las víctimas y sus familiares”.
Como parte de esta decisión, la JEP ordenó rendir informes a ministerios, organizaciones de víctimas y derechos humanos y a las autoridades del ámbito nacional y territorial.