Julián Gallo Cubillos (conocido anteriormente con el alias de Carlos Lozada) nuevamente se refirió al rol que está desempeñando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de haberse firmado el Acuerdo de Paz con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (Farc), en 2016.
El senador del Partido Comunes enfatizó en que no ha habido resultados por parte del alto tribunal, pero lo que sí ha generado es un gasto billonario. Esto lo dio a conocer por medio de una carta que envió junto con otros exintegrantes de las Farc, que señala que entre 2017 y 2023, la Jurisdicción gastó más de dos billones de pesos.
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“Sumamos esto (una tabla de gastos) y nos dan 2 billones largos de presupuesto, para cero resultados”, expresó Lozada en medio de una rueda de prensa.
El senador criticó las decisiones del alto tribunal y resaltó la situación de Rodrigo Granda, cuyo futuro quedó en manos de autoridades paraguayas. Acusó a la JEP de actuar con “odio” y estigmatización, yendo en contra del propósito de su creación. “Que se pongan la toga de la paz y no que sigan tomando decisiones basados en el odio, la estigmatización porque ese no fue el objetivo con el que se creó esta jurisdicción”, complementó.
El llamado del exmiembro de las Farc que hoy está en el Congreso
Por ello, indicó que el país debe pasar la página, por lo que los juicios deben avanzar y terminar. “No podemos durar otros cien años culpándonos y sindicándonos, este proceso tiene que terminar. No solo tenemos que deponer las armas sino también los odios”, afirmó.
“A la fecha, la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad no ha dictado sentencias (...) lo que estamos pidiendo es que se cumpla el acuerdo, sanciónenos”, complementó el hoy senador, que reiteró la respuesta que recibieron del secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez Morales.
Este nuevo “jalón de orejas” se dio luego de que la JEP declara que no tiene competencias para juzgar el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, ocurrido en 2004. Cecilia, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, fue presuntamente secuestrada y asesinada con posible implicación de Rodrigo Granda, exmiembro de las FARC.
La carta de exsecretariado de las Farc al presidente Petro sobre la JEP
Cabe recordar que el 7 de febrero de 2024, el exsecretariado de las Farc, conformado por Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Rodrigo Granda, Julián Gallo, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra; enviaron una carta al presidente Gustavo Petro, reprochando algunas acciones de la JEP, consideradas como un “incumplimiento” a los acuerdos de paz.
Argumentaron que el tribunal ha sobrepasado el límite en el número de casos a tratar, lo que podría llevar a vulneraciones de legalidad y seguridad jurídica para los involucrados.
Los exlíderes guerrilleros destacaron en el comunicado que la JEP está poniendo en riesgo el principio de legalidad al abrir una cantidad excesiva de macro casos, aumentando así la posibilidad de que los comparecientes enfrenten múltiples condenas por los mismos hechos, violando el mandato de una resolución única de conclusiones establecido en la ley estatutaria de la JEP.
Además, criticaron la tendencia al “punitivismo” y la falta de reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado en el contexto del acuerdo.
“La ley Estatutaria de la JEP es clara al señalar que debe haber una resolución única de conclusiones, sin embargo, debido a la apertura interminable de macro casos, vemos con preocupación, que se abre paso la idea de dictar resoluciones por cada macro caso, tal como lo señalara recientemente la sentencia TP-SA1580 de 2023, lo que vulnera de manera grave la seguridad jurídica de los comparecientes”, puntualizaron en la misiva enviada.
El comunicado también hace especial énfasis en la preocupación de que la vinculación de mandos medios y bajos a investigaciones referentes a actos específicos del conflicto podría deteriorar aún más la seguridad jurídica.
Los firmantes anotaron que el objetivo primordial de la JEP debería centrarse en las conductas macro criminales y advierten que alejarse de este objetivo podría fomentar la inseguridad y contribuir al incremento de las filas de disidentes.