Corte Constitucional negó petición del Gobierno de Gustavo Petro: de qué se trata

La Corte Constitucional fue protagonista de un nuevo golpe contra el Gobierno de Gustavo Petro. Esto, luego de que el alto tribunal se pronunció frente a una de las más recientes propuestas de la administración encabezada por el máximo líder del Pacto Histórico.

Los hechos están basados en una solicitud que habían expedido desde el Ministerio de Hacienda y que estaba relacionada con las medidas impuestas en la reforma tributaria radicada en 2022. Puntualmente, desde la cartera hoy encabezada por Ricardo Bonilla habían reaccionado en contra del fallo que prohibió la deducción de las regalías del impuesto de renta en el sector minero-energético.

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La medida fue aprobada en la reforma tributaria, expedida en la Ley 2722 de 2022, antes de ser tumbada por la Corte Constitucional meses después. Frente a ello, el Gobierno pidió revertir dicha decisión, pero el alto tribunal rechazó la solicitud alegando que los argumentos presentados para soportar la petición no tenían fundamento.

Desde el Estado colombiano habían manifestado que el dictamen representaba un golpe económico de, aproximadamente, 6.7 billones de pesos entre 2023 y 2024. No obstante, tales motivos no fueron suficientes para los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Cristina Pardo, que señalaron que la información suministrada no daba respuesta a los señalamientos del Ministerio de Hacienda.

Puntualmente, desde el Gobierno nacional aseguraron que el “costo de cumplimiento del fallo emitido a finales de 2023 frustraría el crecimiento esperado en la vigencia 2024″. Ante ello, la respuesta de la Corte Constitucional fue que “en la sustentación del incidente fiscal no exponen las condiciones específicas que explican dichas consecuencias”.

Para el alto tribunal, la administración encabezada por el máximo líder del Pacto Histórico está en capacidad de conseguir cierto porcentaje de los casi siete billones de pesos que dejó el hueco generado por la medida.

Y es que desde el mismo Ministerio de Hacienda dieron a conocer las rutas mediante las cuales se podían garantizar los recursos necesarios para implementar el Plan Financiero de 2024. Así las cosas, desde el alto tribunal indicaron que “no son claras las razones por las que el Gobierno nacional no puede adoptar medidas mixtas para frenar el presunto impacto del fallo en las finanzas públicas”.

De igual forma, la Corte Constitucional enfatizó en que dentro del Plan Financiero no se nombró ninguna de las presuntas afectaciones que habría generado dicho fallo: “En ningún apartado se menciona que la reducción de ingresos causada por el fallo solo pueda ser superada por la modulación, modificación o diferimiento de sus efectos”.

Así las cosas, desde la bancada del presidente Gustavo Petro deberán proceder ante dicho dictamen antes de que el debate quede archivado. Esto quiere decir que el Gobierno nacional deberá presentar un nuevo documento en el que se implementen las correcciones, así como los puntos a tratar que explicaron desde el alto tribunal.

Es por ello por lo que desde el Ministerio de Hacienda deberán en ahondar en los argumentos que avalen “el crecimiento que tendría la reducción del gasto público, derivada del cumplimiento de la sentencia en 2024 y en los años subsiguientes ‐por lo menos hasta 2034, que es el período indicado en la sustentación –, y provea razones para explicar esos pronósticos”.

Cabe resaltar que la medida podría generar costos millonarios para los inversionistas de la industria extractiva teniendo en cuenta que el Gobierno estaría buscando que las empresas pertinentes paguen las regalías, pero que dicho monto no sea descontado del impuesto de renta.