El caso de Centros Poblados, que le costó el puesto a la exministra de las TIC Karen Abudinen, y que ha logrado la acusación y condena de varios empresarios, presuntos implicados de llevar a cabo maniobras ilegales para quedarse con la adjudicación del contrato que, en teoría, llevaría la conexión de internet a las escuelas rurales del país, sigue siendo noticia.
Esta vez, el Consejo de Estado rechazó el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación, con el que el ente de control disciplinario pretendía recuperar los los más de $70.000 millones que se perdieron en medio del escándalo.
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Esta cantidad de dinero sirvió de anticipo a la firma del contrato 1043 de 202, sobre conectividad por $41 billones entre el Ministerio de las Tecnologías y la Información y la Unión Temporal Centros Poblados.
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En concreto, el Ministerio Público puso una acción popular para que protegieran los derechos colectivos del contrato, al considerar que se habrían vulnerado con la presentación de garantías bancarias falsas para que se diera el anticipo.
Sin embargo, el alto tribunal confirmó la decisión del Tribunal de Cundinamarca que levantó 17 medidas cautelares, incluyendo embargos, relacionadas con el caso de Centros Poblados. Pese a que la Procuraduría presentó la apelación ante el Consejo de Estado, el Tribunal de Cundinamarca alegó que el recurso presentado por el ente de control era improcedente y lo archivó.
El Consejo de Estado estimó “bien denegado el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación contra el auto del 28 de septiembre de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera - Subsección A”.
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Cabe recordar que el 22 de marzo, un juez condenó a cuatro años de cárcel a Jorge Enrique López Benavides, que confesó que falsificó tres pólizas para apropiarse de los cuestionados $70 millones.
Además de la pena privativa de la libertad, el condenado deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos legales vigentes, correspondientes a 2020, y estará inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 48 meses.
Esta decisión se tomó luego de que el procesado suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el cual aceptó su responsabilidad en los hechos y se declaró culpable de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
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De acuerdo con la investigación que adelantó el ente acusador, este hombre era el encargado de elaborar la llamada “garantía de seriedad de la oferta” y en este proceso, indujo al error a funcionarios del Ministerio de las TIC para que dieran aval administrativo y así poder celebrar el contrato para dotar de internet escuelas rurales en varias regiones del país.
El hoy condenado estaba privado de la libertad desde mayo de 2022, cuando fue capturado y judicializado. Precisamente, durante la audiencia de legalización de captura en 2022, la fiscal del caso, Liesel Paola Flórez, precisó que la participación de López fue fundamental, ya que “una vez se estableció que ninguna empresa de seguros expediría póliza de seriedad a la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, contactó al señor Jorge Alfredo Molina García Mayorga a fin de que aquel obtuviera la garantía de seriedad falsa a través del señor Jorge Enrique López”.
Según Molina, que sirvió de testigo del ente acusador, se acordó el pago de 2.800 millones de pesos por las pólizas falsas. La Fiscalía también precisó que a López Benavides nunca le entregaron documentos para hacer el estudio de la viabilidad de esa garantía, sino que el hombre, en cuestión de días, tenía los documentos falsos listos para adjuntar al proceso contractual.
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