La ministra Yesenia Olaya Requene es otra de las funcionarias del Gobierno nacional que tendrá que explicar la información consignada en su hoja de vida, luego de que la representante Jennifer Pedraza la acusara de incluir información falsa en su experiencia profesional y académica.
La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, según el estudio del equipo legislativo de la representante del partido Dignidad, no solo exageró sus credenciales académicas y su experiencia docente en varias universidades reconocidas, sino que también mintió sobre su supuesto rol como profesora en la prestigiosa Universidad de Harvard.
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La investigación sostiene que Olaya habría afirmado falsamente haber dictado clases en Harvard, una institución catalogada por los ránquines QS y de Shanghái como la mejor universidad del mundo para los años 2023 y 2024. Las declaraciones de Olaya en dos versiones de su currículum, presentadas para su posesión como viceministra y posterior ministra, señalaban una supuesta contribución docente de casi un año en el Afro-Latin American Research Institute, afiliado a la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de Harvard.
Pedraza solicitó los soportes de ese trabajo a la Función Pública y en respuesta se le entregó un certificado firmado por el director del Afro-Latin American Research Institute, Alejandro de la Fuente. En el documento se acredita que el seminario tuvo un total de 48 horas de docencia en modalidad virtual entre 14 de septiembre 2021 -12 de septiembre 2022.
La representante también consultó a Stephen Kargere, Director de la Oficina de Asuntos Posdoctorales de Harvard, quien en respuesta a la solicitud aclaró que “no se consideran parte del cuerpo docente” las tres formas de vinculación que tuvo Olaya con la institución.
La respuesta del director Kargere puso en evidencia otra irregularidad debido a que señaló que Olaya estuvo vinculada como asociada desde el 1 de febrero hasta el 31 de enero de 2024, mientras que fue posesionada ministra el 1 de mayo de 2023.
“Aunque no hay antecedentes judiciales semejantes a este caso, a la ministra le es jurídicamente prohibido desarrollar funciones como funcionaria de cualquier entidad pública o privada a la vez que ejerce como jefa de su cartera”, señaló el equipo de la representante.
Además de las presuntas exageraciones relacionadas con su carrera en Harvard, la investigación también apunta a una sobredimensión de más de 4 años en la experiencia docente de Olaya en otras instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Magdalena y la Pontificia Universidad Javeriana, entre otras.
“Para que esa información fuera cierta la ministra tendría que ser omnipresente”, señaló Pedraza al exponer la situación en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes. “Tendría que haber estado en México, Argentina, Magdalena, Bogotá y Boston al mismo tiempo”, agregó.
Por esa razón envió cartas a cada una de las cinco universidades para verificar la información de la hoja de vida de la ministra Olaya como docente, pero según la representante, pero solamente en una de ellas la respuesta coincidió con la información reportada en la Función Pública.
Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de México señalaron que Olaya terminó su relación laboral el 31 de julio de 2019 y no el 13 de mayo de 2022, como dice el documento público de experiencia que acreditó la ministra para asumir el cargo. La Universidad del Magdalena afirmó que la funcionaria impartió una intensidad horaria de 12 horas y no de 7 meses.
La Universidad Javeriana por su parte señaló que certifica que la información no corresponde porque Olaya no fue profesora durante el primer semestre de 2021, sino que estuvo bajo hora cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales entre el 24 de julio y el 28 de agosto de 2021, así como del 10 de agosto al 11 de noviembre.
La investigación no dejó de señalar la preocupante “maquillada a la hoja de vida” que Olaya ejecutó, considerándola “absolutamente innecesaria y muy cuestionable en la academia.” Así mismo, se subraya que, pese a no ser un requisito legal para el cargo ministerial, este tipo de prácticas “expone cuestionamientos éticos, legales y desnuda actitudes intelectualmente arribistas” en el ámbito político colombiano.