Continúa el juicio disciplinario contra Álvaro Leyva por las presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. En una nueva jornada de audiencia que adelanta la Procuraduría, la defensa del canciller suspendido solicitó tener en cuenta los testimonios de personas vinculadas al proceso.
El abogado Yefferson Dueñas pidió al Ministerio Público incluir la versión de los implicados en todas las etapas de la licitación, desde la contratación hasta la conciliación fallida entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons.
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Además, requirió al procurador delegado Ernesto Espino que ordene la recolección de documentos oficiales que hayan sido parte del proceso licitatorio, así como de otros procesos del Fondo Rotatorio del Ministerio entre 2011 y 2023.
“Pedimos documentos relacionados con esta y otras licitaciones, el trámite de conciliación y otras actuaciones que se adelantaron. Analizaremos la pertinencia o necesidad de algunos testimonios de quienes han participado o participaron tanto en la estructuración, como en la evaluación, como en la conciliación de esta etapa y las actuaciones administrativas”, afirmó el abogado.
Sin embargo, será la Procuraduría la encargada de definir si acepta o no los testimonios personales y documentales, en una nueva audiencia que se llevará a cabo el 11 de abril de 2024.
La lista de políticos que la defensa pidió llamar a juicio
Entre los testigos solicitados para declarar en audiencia disciplinaria contra el canciller suspendido Álvaro Leyva se encuentran los siguientes:
- Martha Lucía Zamora, la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, recomendó la conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons, lo que generó tensiones con el canciller Leyva, llevando a su eventual salida del Gobierno, cuando Gustavo Petro hizo pública su opinión sobre Zamora.
- José Antonio Salazar, exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y quien fue apartado de su cargo luego de que otorgara la millonaria licitación a la firma.
- Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos y canciller encargado, también fue citado a declarar en juicio por las presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes.
- Juan Pablo Estrada, abogado y representante legal de Thomas Greg & Sons, que lideró la fallida conciliación entre la Cancillería y la firma, que terminó en una demanda contra el Estado.
Otros funcionarios llamados a juicio fueron Fernando Grillo, procurador delegado, y José Arango, contralor delegado, en el proceso disciplinario ante el Ministerio Público, entre otros.
La defensa de Álvaro Leyva también solicitó en el pliego de cargos ante la Procuraduría, que se desestimen los dos cargos que se adelantan en su contra en el juicio disciplinario.
Álvaro Leyva es investigado por la Procuraduría por declarar desierta la licitación de pasaportes “sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal; y por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que existieran causales para ello”.
El canciller intentó tumbar su suspensión de tres meses con varios recursos legales que le terminaron siendo negados. En un primer momento, el abogado del canciller presentó una recusación contra el procurador encargado del caso, por una supuesta enemistad grave de ese funcionario judicial con el Gobierno nacional. Sin embargo, el recurso no procedió.
Luego, el Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que había interpuesto contra la Procuraduría, solicitando que fueran levantados los efectos de la decisión del ente de control disciplinario de suspenderlo provisionalmente.
La defensa argumentó en su momento que la suspensión “no se adecuaba a las exigencias legales ni a los estándares definidos por la jurisprudencia constitucional” y que se le estaban violando el derecho al debido proceso y las garantías procesales a Leyva. Pero el tribunal dio la razón al Ministerio Público, toda vez que la suspensión impuesta a Leyva es una medida cautelar y no definitiva, y el canciller suspendido tiene cómo defenderse en el juicio que se adelanta en su contra.
La Procuraduría, por su parte, se defendió al señalar que “la suspensión provisional dentro del proceso disciplinario no desconoce el derecho al debido proceso, por cuanto la misma es una medida de prevención disciplinaria que no define la responsabilidad del servidor público”.