El miércoles 13 de marzo se conocieron los resultados de los indicadores de gobernanza en Latinoamérica y el Caribe que realizaron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde Colombia fue el país en el que más decayó la confianza en su Gobierno.
La caída fue del 64 al 30 %, entre 2008 y 2022, periodo que corresponde a la segunda administración de Álvaro Uribe, las dos de Juan Manuel Santos, y la de Iván Duque que concluyó en ese último año. Lo que deja al país por debajo de la media en América Latina, que fue de 36,3 por ciento.
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Le siguieron Ecuador donde la confianza en su gobierno disminuyó en 30 puntos porcentuales, pasando de una confianza del 51 % en 2008, a tan solo 21 % en 2022, lo que lo ubica como el país latinoamericano que menos confía en su Gobierno.
Chile, que pasó de 41 al 29 %, y Bolivía del 44 al 33 %, cerraron la lista de las naciones de América Latina en donde los ciudadanos más perdieron la confianza en sus gobiernos.
De una forma más moderada, también disminuyó en Uruguay (7 puntos al 52 %) y en la República Dominicana (2 puntos al 52 %).
En contraste, la evolución ha sido claramente positiva en Costa Rica, con 24 puntos porcentuales de mejora entre 2008 y 2022, cuando un 60 % de los encuestados decían confiar en su Gobierno, la cifra más alta de todos los países de la muestra. Le siguió México, con un 53 % de personas que tenían confianza, 12 puntos más que 14 años atrás.
Uno de los elementos que pesa en esa confianza es la percepción de que la corrupción está generalizada en el gobierno, una idea que suscriben un 75,5 % de los latinoamericanos consultados en 2023, una cifra que ha crecido ligeramente respecto a 2013 (74,7 %) y sobre todo que es muy superior a la de la media de la Ocde (53,6 %).
En todos los países de la región, esa percepción de una corrupción generalizada es mayoritaria, pero es particularmente elevada en Perú (90 %), Panamá (86 %), Ecuador (84 %), Colombia (83 %), Guatemala (80 %), Argentina (80 %) y Bolivia (80 %).
Más allá del agravamiento de la confianza, los autores del informe señalan varios retos que tienen planteadas las democracias latinoamericanas, en particular la desigualdad, la informalidad o el “espacio fiscal limitado” para afrontar problemas apremiantes como el cambio climático u otras cuestiones medioambientales.
Por lo que respecta a la desigualdad, hacen notar que ha ido a más con la espiral inflacionista durante los años 2022 y 2023, que ha afectado a los grupos que están en la parte baja de la escala social probablemente porque el aumento de precios afectó a elementos básicos como los alimentos y la energía, que constituyen una mayor parte del gasto de los más pobres.
En conjunto, las tasas de pobreza en 2022 estaban por encima de los niveles anteriores a la pandemia, con un 32 % de pobres en la región y un 13,1 % en pobreza extrema.
Antes del repunte inflacionista de los dos últimos años, la desigualdad medida con el índice de Gini en una escala de 0 a 100 había disminuido en Latinoamérica a 44,6 puntos, cuando en 2008 el indicador estaba en 48,1. En cualquier caso, era muy superior a la de la media de la Ocde, de 33,2 puntos en 2021.
Los responsables del estudio hacen notar que la región ha progresado en varias áreas, por ejemplo, al establecer mecanismos participativos y normas de integridad pública y abordar las brechas de género en la administración pública.