El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez se refirió en sus redes sociales en la mañana del viernes 8 de marzo al proceso de desmovilización que abanderó en 2002 durante su gobierno, hizo un balance sobre el mismo, la ley de punto final y se refirió al indulto político no penal al que se enfrentaron los exguerrilleros para la fecha.
Durante un video compartido en la cuenta oficial X, Álvaro Uribe recordó que fueron treinta y cinco mil paramilitares y dieciocho mil guerrilleros que se acogieron a su propuesta de paz.
“No cambiamos la Constitución, no hubo impunidad absoluta, tampoco elegibilidad política para condenados, menos por delitos atroces como el reclutamiento de niños. Consideramos que guerrilla y paramilitares podían ser beneficiarios del delito político de sedición. Ambos, sea cualquiera su excusa política, interfieren el funcionamiento del Estado de Derecho”.
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Por lo que, según su versión, se generaron desacuerdos con algunos de los magistrados de la Corte, que aceptaban la sedición para la guerrilla.
A su vez, mencionó que aunque en el panorama nacional la ley de punto final es inaplicable, ha propuesto en reiteradas ocasiones una amnistía política “por una vez, no penal, para recuperar derechos políticos de condenados”.
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Álvaro Uribe pone como ejemplo la impunidad que se le dio a los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) cuando se firmó el Acuerdo de Paz años atrás. Añadió que “además, están en el Congreso, a pesar de tantos delitos atroces, y también por lo que se asoma con el ELN y otros”.
Finalmente, comentó en el clip que “confieso que tengo interés en mis compañeros de Gobierno, condenados por nombrar un notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso”.
Álvaro Uribe y su papel en la extradición de Salvatore Mancuso
Con el regreso del exparamilitar fue revelado un documento de casi una década que sustentaría la versión del ahora gestor de paz sobre la decisión de Álvaro Uribe de enviarlo a Estados Unidos.
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En una de sus primeras declaraciones ante Justicia y Paz para definir su situación jurídica en Colombia, Mancuso reiteró haber cumplido con los compromisos de ese sistema transicional, por lo que su extradición a los EE.UU., fue injustificada, según dijo.
“Me extraditaron sin ninguna justificación, existe una carta, una respuesta a un derecho de petición que le envié al presidente Uribe donde le pregunto por qué me extraditó, si acaso había incumplido los acuerdos, delinquido después de la desmovilización y contestó a ese derecho de petición que él no me extraditó porque yo hubiese delinquido sino porque era un acto discrecional de él como presidente” dijo el exparamilitar.
El documento sería determinante en medio de la historia de la extradición de los altos mandos de las AUC, pocos años después de la desmovilización bajo el Gobierno del presidente Álvaro Uribe.
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La respuesta que alegó Mancuso Gómez al derecho de petición fue revelada por la revista Cambio. Esta está fechada el 27 de abril de 2010, poco antes de que terminara el Gobierno, y firmada por el viceministro de Justicia Miguel Ceballos, también consejero para la Estabilización durante la administración de Iván Duque.
Llama la atención que en la respuesta que recibió el excomandante del Bloque Catatumbo, cuando ya se encontraba en Estados Unidos, son los últimos párrafos de las seis páginas en las que se describió todo el proceso de solicitud y entrega de Mancuso a la justicia de ese país.
“El pronunciamiento sobre la solicitud de su extradición, subordinada al cumplimiento de unas condiciones cuya valoración quedó reservada al Presidente de la República y finalmente, la orden de su entrega en extradición, correspondió a una decisión eminentemente discrecional”, se lee en la respuesta del Ministerio del Interior a Mancuso.
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