Proceso de Day Vásquez: un juez negó la petición de Colombia Humana de aparecer como víctima

Un juez del Juzgado Tercero Penal del Circuito en Atlántico negó el recurso de queja presentado por la Colombia Humana, impidiendo que esta organización política se constituya como víctima en el proceso de colaboración que involucra a Day Vásquez.

Este fallo significa que Colombia Humana no tendrá parte ni voz en las diligencias relacionadas con el testimonio de Vásquez, quien ha acaparado atención mediática por sus revelaciones.

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El recurso presentado por Colombia Humana buscaba una participación más activa en el proceso, argumentando que las declaraciones y colaboraciones de Day Vásquez podrían arrojar luz sobre asuntos de interés público y relevancia política que afectan al partido. Sin embargo, el juez encargado del caso determinó que las condiciones para conceder la condición de víctima a Colombia Humana no se cumplían según lo estipulado por la ley, marcando un precedente en cómo se interpretan estas situaciones jurídicas.

“Negar el recurso de queja, presentado por el Apoderado Judicial del Movimiento Político Colombia Humana, contra la decisión tomada por el Juez Quince (15) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, el día 1 de septiembre de 2023, en el cual se abstuvo de dar tramite al recurso de apelación interpuesto, en contra de la providencia que negó su reconocimiento como victima en el presente caso”, se puede leer en el fallo.

En una audiencia judicial en la que se suponía que se iba a legalizar el principio de oportunidad que Day Vásquez negoció con la Fiscalía, se produjo una intervención significativa por parte del partido Colombia Humana. El abogado William Adán Rodríguez Castillo, representante de la agrupación política, solicitó al juez que el movimiento fuera considerado víctima en el caso que implica al hijo del presidente, Nicolás Petro, y Day Vásquez. La solicitud basó su argumento en el alegato de que el escándalo ha venido perjudicando gravemente la reputación y el buen nombre del Colombia Humana, al ser señalado como medio de apropiación indebida de fondos destinados inicialmente a la campaña presidencial.

La controversia radica en la acusación contra la expareja, señalada por la Fiscalía de haber manejado inapropiadamente fondos provenientes de Alfonso El Turco Hilsaca, Santander Lopesierra, y varios empresarios de Cúcuta y Villavicencio. Estos recursos, destinados a apoyar la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro se habrían desviado hacia la compra de propiedades e inversiones en lujos y actividades personales. La representación legal de Colombia Humana detalló ante el órgano judicial cómo esta situación ha infligido daños a la percepción pública del partido, argumentando en consecuencia su derecho a ser declarado víctima dentro del proceso legal vigente.

“En la audiencia de imputación llevada a cabo el primero de agosto de 2023, el señor fiscal hizo referencia a los hechos jurídicamente relevantes y en ellos destaca que desde el año 2022, tanto Daisuris como Nicolás Petro recibieron 400 millones de pesos de parte del señor Santander Lopesierra como supuesto aporte de la campaña presidencial del doctor Gustavo Petro”, dijo el abogado

Este caso ha provocado una oleada de atención mediática y social, puesto que toca fibras sensibles alrededor de la transparencia y ética política en Colombia. El señalamiento directo hacia figuras relacionadas con Colombia Humana y la implicación de conocidas personalidades y empresarios en la financiación irregular de campañas electorales plantea interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización y control en las prácticas de financiamiento político. A su vez, el pedido del partido político para ser reconocido como víctima subraya la complejidad del caso y la diversidad de intereses y perjuicios entrelazados en este escándalo de corrupción.

Este contexto no solo refleja los desafíos actuales que enfrenta el sistema político colombiano en materia de corrupción y financiamiento de campañas, sino que también resalta la relevancia de los procedimientos judiciales para esclarecer responsabilidades y salvaguardar la integridad de las instituciones democráticas.