Lafaurie arremetió contra la ONU: “Cuenta asesinatos de líderes sociales, pero olvida los de policías y militares”

La revelación del más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante 2023, continúa causando fuertes reacciones. Entre ellas, la de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y que hace parte de la delegación del Gobierno nacional en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En su última columna de opinión, publicada el domingo 3 de marzo, denominada Informe ONU: ¿Gobernabilidad en riesgo?, Lafaurie no dejó pasar la oportunidad para hacer duros cuestionamientos al organismo internacional, al punto de decir que hay un evidente sesgo en la presentación de las cifras, pues se cuentan, según indicó el líder gremial, de líderes sociales, exintegrantes de las extintas Farc y ejecuciones extrajudiciales, “pero olvida los de policías y militares”.

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“La conclusión de la ONU es contundente: ‘La consolidación del poder de los grupos en algunos territorios representa un riesgo para la gobernabilidad en Colombia y para la protección de los derechos humanos’”, resaltó Lafaurie en su escrito, pero lamentó que, pese al duro balance, “la ONU no abandona sus sesgos”. Un señalamiento que, como era de esperarse, no cayó bien entre quienes defienden el mencionado informe, que dejó mal parado al país.

En su columna, el miembro negociador replicó el dato de la ONU, según el cual existen 206 municipios en los que se vieron afectados los derechos humanos de la población, y se refirió cómo ciudades como Cali está en números rojos, pues está entre los cuatro con impacto crítico y, en el caso de Bogotá, está entre las de impacto muy alto. Situación que, de acuerdo con el presidente de Fedegán, obliga a sus gobernantes a tomar medidas para disminuir estos índices.

En su escrito, Lafaurie hizo énfasis en que la ONU insiste en que se debe cumplir con el acuerdo firmado con las Farc y que se acaten las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Pero llamó de “tímidas” las alusiones a lo que es “fortalecer la capacidad institucional para la protección de la población”, con lo que evita, según su concepto, hacer una mención directa a que no hay seguridad en los territorios y el fortalecimiento de la fuerza pública.

“Se preocupa porque los grupos armados ejercen control en juntas de acción comunal y organizaciones de base, pero no por el ataque a la producción agropecuaria, generadora de empleo y base de la sustitución de rentas ilícitas”, agregó el negociador, que ha insistido en la creación de los frentes de seguridad solidarios, que opositores a la idea han calificado como la versión 2.0 de las llamadas Convivir, impulsadas por Álvaro Uribe Vélez en la década de los 90.

Del mismo modo, criticó cómo desde la ONU se recomienda “fortalecer la capacidad de las autoridades étnico-territoriales”, que lo que buscaría es hacer estado, pero lamentó que se omita la macabra relación entre algunos mandatarios locales con grupos armados ilegales. Y fue entonces cuando puso la lupa en su propuesta, basada en medidas de protección colectivas, y que pretende, como la ONU lo indica, empoderar a las organizaciones para resistir “a la presión de grupos armados”.

“Comparto el diagnóstico: La gobernabilidad en riesgo, pero rechazo los sesgos e insisto en la urgencia de quitarle el territorio a los bandidos y en el derecho de los productores a colaborar pacíficamente con las autoridades para su seguridad”, concluyó Lafaurie en su columna, que generó reacciones, por la postura frontal al informe de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Juliette de Rivero, y al reafirmar que “la paz pasa por la recuperación del campo”.