Salvatore Mancuso: el día en que el Congreso se rindió a los pies del sanguinario ex jefe paramilitar

El nombre de Salvatore Mancuso Gómez es, sin lugar a duda, sinónimo de muerte. Así está documentado en los cerca de 60.000 crímenes por los que es aún requerido por la Fiscalía General de la Nación, que incluyen delitos relacionados con homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, reclutamiento ilícito y violencia basada en el género, en un expediente que supera las pilas de páginas y del que esperan las víctimas exista verdad, justicia y reparación, con su intención de sometimiento a la JEP.

En medio de su trayectoria criminal, que bañó de sangre a su natal Córdoba, y otros departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Bolívar, Magdalena y otras regiones del caribe colombiano, hay un episodio que marcó un antes y un después no solo en el actuar de las Autodefensas Unidas de Colombia, sino también en la de la política nacional, pues fue la punta del iceberg que, tiempo después, terminó de destapar uno de los mayores escándalos en el legislativo.

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Fue el que se vivió aquel 28 de julio de 2004, cuando el Congreso de la República estuvo a los pies de uno de los estrategas del grupo armado ilegal que cegó, según cálculos del Centro Nacional de Memoria Histórica, la vida de 94.754 colombianos. En la jornada, en medio de aplausos, el sanguinario comandante del entonces Bloque Catatumbo dio un discurso que marcó lo que sería la hoja de ruta de esta organización ilegal, entregada al narcotráfico.

El día en que el Congreso se entregó a Salvatore Mancuso

El hombre, vistiendo un traje de una reconocida marca local, comprado de afán y acompañado de los también exjefes Iván Roberto Duque, más conocido con el alias de Ernesto Báez, y Ramón Isaza, que se hizo tristemente célebre con el alias de El Viejo, acudió a la cita con el legislativo, por invitación de dos mujeres que posteriormente fueron condenadas por sus comprobados nexos con la parapolítica: las representantes Rocío Arias y Eleonora Pineda, integrantes de la Comisión de Paz.

De aquella sesión, en la que Mancuso, desde los atriles del Salón Elíptico, habló de en medio del banquete que fue servido a los congresistas, hubo una frase que retumbó en la opinión pública en medio del extenso discurso que dio: en la que, sin pudor, justificó el actuar de las AUC y el suyo en particular, ante un auditorio del que al menos el 60% de sus integrantes terminaron posteriormente involucrados en procesos de pérdida de investidura, por sus nexos delicuenciales.

“Yo, que crecí y me eduqué con el sueño de servir a la sociedad, confieso, nunca imaginé que el torbellino de la violencia terrorista, me golpeara de forma súbita en mi pueblo natal del valle del Sinú, y que la extorsión y la amenaza de secuestro y muerte me obligaran a salir en defensa propia, de mis seres queridos y de la Patria, hasta quedar inmerso en esta guerra que desangra a Colombia”, dijo Mancuso, que alegó haber sido “arrojado a las desgarradoras fauces de la guerra”.

Incluso, no tuvo temor en calificar en “heroica” y “mítica” la misión pacificadora de las autodefensas en los territorios. “Verdadera epopeya de libertad de la Nación y del Pueblo colombiano, cuando se hizo cuestión de vida o muerte, asumir con dignidad la defensa patria y tomar medidas excepcionales para liberar nuestro suelo del azote guerrillero”, destacó el comandante paramilitar sin sonrojarse, e invitó a los parlamentarios a “pedir perdón” por sus faltas.

Y como si presintiera la suerte que correría cuatro años más tarde, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez decidió extraditarlo a los Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008, exigió con vehemencia garantías de seguridad para la implementación del proceso de paz producto de los diálogos de Ralito (Córdoba). De hecho, se atrevió a decir que “la justicia sesgada es injusticia”, al igual que habló de una reparación integral para las víctimas, incluidas las autodefensas.

“La presencia permanente de las instituciones del Estado en las zonas de influencia de las AUC, impedirá que esos territorios queden a merced de grupos armados ilegales de izquierda, de derecha o de la delincuencia que quieran ocupar esos espacios, al finalizar el proceso de negociación política”, afirmó Mancuso, al margen de las protestas que, a las afueras del Capitolio, se adelantaron durante la polémica visita del crimen al Congreso.

Sin pudor

El remate de su intervención, que se extendió por más de 45 minutos y que se resumió en la lectura de 13 páginas, no podía ser más desconcertante. “Seamos generosos en la hora de perdonar los errores ajenos y humildes en el altar de Dios y de la Patria”, mientras los aplausos caían desde las curules de los presentes, que acallaron las voces críticas, entre ellas las del presidente de la República, Gustavo Petro, que encontraron el acto asqueante.

Ante el escándalo que generó la presencia de los ex jefes paramilitares en el recinto de la democracia, la justificación de Uribe no pasó desapercibida. Lejos de desmentir que hubiera dado autorización, pese a que se efectuó a cabo un fuerte dispositivo de seguridad, similar al que llevó al Mono, como se le conoce a Mancuso, de Catam a la cárcel La Picota, relució una sentencia que resumió las intenciones, en ese entonces, del Ejecutivo. En la visión del exmandatario, no estaba mal “darles unas pruebitas de democracia”.

En lo que respecta a ambas mujeres, Arias y Pineda, que al parecer llegaron de “carambola” al Legislativo, pagaron penas relacionadas con el delito de concierto para delinquir, pues en ambos casos, reconoció que apoyó sus campañas a la Cámara. La primera fue condenada en julio de 2008, a 45 meses en la cárcel; aunque solo purgó 27. Mientras que Pineda fue condenada en octubre de 2008 a siete años y medio en prisión, de los cuales solo pagó un año y siete meses.