‘Terminalitos de la piratería’: crisis de movilidad en Bucaramanga por transporte ilegal

Las autoridades de la ciudad de Bucaramanga, capital de Santander, ya tienen identificados aproximadamente un centenar de puntos conocidos como “terminalitos de la piratería”, donde más de 50.000 personas obtienen ingresos a través de actividades de transporte no regulado.

Este fenómeno se presenta como una alternativa de movilidad en respuesta a la crisis del sistema Metrolínea y la ausencia de rutas de buses en numerosos barrios. No obstante, esta forma de transporte informal no está exenta de controversias, al estar vinculada con problemas de convivencia y seguridad en varias áreas de la capital santandereana.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Es importante mencionar que las implicaciones de la operación de estos servicios van más allá de la mera prestación de transporte, englobando inconvenientes como altercados públicos, caos en el tráfico, consumo de sustancias psicoactivas en la vía pública, mal manejo de desechos y falta de higiene, destacando la incidencia de malos olores por personas que orinan en la calle. A estas preocupaciones se suman las quejas de los conductores de taxis y autobuses convencionales sobre la aparente competencia desleal y los peligros para la seguridad vial que supone la ‘piratería’.

“Uno no pide que los persigan, porque todos tenemos derecho al trabajo, pero sí les deben hacer controles y regulaciones por parte de las autoridades. Así como nos toca a los comerciantes y a todos como ciudadanos, se deben cumplir reglas para que exista orden”, expresó un comerciante de textiles en el Centro de Bucaramanga para Vanguardia.

Recientemente, el Tribunal Administrativo de Santander revocó las sanciones impuestas a los alcaldes del área metropolitana y a los directores de tránsito por no adoptar medidas efectivas contra el transporte informal. Esta decisión se suma a la solicitud del Juzgado 15 Administrativo de presentar un plan de acción para la regulación de estas actividades, un requerimiento que parece haber quedado en suspenso tras la sentencia del tribunal.

En medio de este escenario, mientras que los operadores informales reclaman su derecho al trabajo, aquellos dentro del marco formal exigen una mayor regulación para gestionar la informalidad. Este contexto resalta la complejidad de abordar la informalidad en el transporte urbano y las distintas perspectivas de los involucrados sobre cómo deberían regularse estas actividades para asegurar un funcionamiento ordenado y seguro en la ciudad.

La situación de invasión de vías y andenes por parte de transportistas informales en la Ciudad de los parques continúa siendo un problema a pesar de las promesas de campaña de Jaime Andrés Beltrán, actual alcalde de la ciudad, enfocadas en restablecer el orden y la autoridad. Sectores críticos como Cabecera y el Centro de Bucaramanga se ven afectados por el estacionamiento irregular de carros y motos, complicando la movilidad vehicular y peatonal, así como el acceso a locales comerciales.

Este problema no solo afecta la circulación, sino que también genera obstáculos para el acceso a negocios y rampas de discapacidad, mostrando una clara falta de control en áreas importantes de la ciudad. De hecho, la carrera 33 entre las calles 47 y 48, así como la carrera 15 con calle 34, son ejemplos claros donde el caos vehicular y la denominada ‘piratería’ hacen difícil la vida diaria de los residentes y visitantes.

Aunque el comportamiento ilícito no representa a todos los transportistas informales, la ausencia de controles permanentes permite que un grupo reducido saque provecho de la situación. Es evidente la necesidad de intervenciones efectivas por parte de la Administración Municipal para atender estos desafíos urbanos y de movilidad que comprometen la calidad de vida en Bucaramanga y el cumplimiento de las promesas de gobierno de Beltrán.