
Bogotá se ha convertido en el foco de la noticia tras los últimos hechos violentos que han generado controversia en la opinión pública; sin embargo, no solo sería un problema de los capitalinos, sino también de habitantes de otras regiones del país.
Por ello, en el Congreso de la República ya es tema de debate las alternativas para contrarrestar los hechos de inseguridad en el país. Mientras algunos sectores piden militarizar zonas críticas en las que operan los delincuentes, hay otro sector que adelanta gestiones para que se flexibilice el porte de armas en Colombia.
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El miércoles 21 de febrero, el representante del Partido Conservador Juan Carlos Wills desempolvó un proyecto de ley que había presentado en ocasiones anteriores, en el que propone que se permita el porte de armas a los ciudadanos que se encuentren en completa facultad física y mental.
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En declaraciones reseñadas por Caracol Radio, el representante señaló que: “Al Estado le quedó grande proteger a los colombianos”, lo que lo ha llevado al político a pensar en alternativas para combatir la delincuencia.
Wills añadió que hay un parte de tranquilidad por parte de los ladrones al saber que la ley no permite ciudadanos armados, lo que provocaría el actuar de los delincuentes: “Están tranquilos los ladrones porque saben que la gente no está armada, que no hay forma de que los ataquen a ellos, no hay un mensaje persuasivo para que no lleguen a robar a todos los lugares”.
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El representante explicó al medio reseñado los parámetros con los que una persona podría portar un arma de fuego: “Indumil y el Departamento de Control de Armas estudian el grado de vulnerabilidad de la persona, de inseguridad que pueda estar viviendo. Se hacen exámenes psicológicos y psicotécnicos dónde se les exige unos requisitos mínimos, por supuesto, manejo de armas, para poder portarlas”.
Por su parte, Stefan Orellanos, profesor en derecho penal y experto en seguridad, en declaraciones al medio citado, afirmó que la legalización plena del porte de armas no es una solución viable a los hechos de inseguridad que abundan en el país:
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“Podemos ver en otros países, en los cuales el uso de armas de manera libre por parte de la ciudadanía ha generado mayores situaciones de inseguridad y de hechos lamentables. Mayores cantidades de homicidios o uso indiscriminado de armas de fuego. Lo que sí realmente se necesita es reclamarle tanto al Gobierno nacional, como al Gobierno distrital unas políticas de seguridad más claras”.
De otro lado, en entrevista con Noticias Caracol, la representante a la Cámara por el Partido Verde Katherine Miranda declaró que el Gobierno nacional ha priorizado las reformas sociales, dejando a un lado el tema de seguridad en el país.
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“Si bien la prioridad de este Gobierno han sido las reformas sociales, creo que se ha dejado de lado algo tan importante como la seguridad. Hay que seguir manteniendo un presupuesto elevado para la Policía y para el Ejército y, sin lugar a dudas, aumentar el pie de fuerza en todo el territorio nacional”, indicó Miranda al medio anteriormente mencionado.
Y es que la representante del Partido Alianza Verde criticó a través de su cuenta de X la disminución de efectivos de la Fuerza Pública entre 2022 y 2023, en Bogotá.
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Aseguró en su mensaje que siente que el Gobierno nacional está “castigando” a la ciudad y enfatizó en su llamado reiterativo de ampliar la oferta de uniformados para la ciudad.
“La situación de seguridad de Bogotá es dramática y dolorosa, nos sentimos castigados por el Gobierno Nacional. Cómo es posible que hoy la ciudad tenga menos policías que en el 2021 y años anteriores. Llevamos más de un año pidiéndole al Gobierno más pie de fuerza y el silencio ha sido su respuesta!”, escribió la representante.
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