Congresistas pidieron la renuncia del presidente de Ecopetrol: “Debemos proteger la empresa”

El representante a la Cámara, Juan Espinal, solicitó la dimisión de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, tras ser convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para comparecer sobre posibles financiamientos irregulares de la campaña del presidente Gustavo Petro.

La preocupación radica en las implicaciones que dichas acusaciones puedan tener en la reputación de una de las empresas más significativas del país.

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Roa, quien fungió como gerente de la campaña presidencial de Petro, es investigado por el Consejo Nacional Electoral la autoridad electoral debido a las alegaciones sobre ingresos no declarados provenientes de la costa Caribe y del departamento del Casanare.

La indagación se centra en un pago de aproximadamente 1.100 millones de pesos a la compañía Sadi, relacionado con varios vuelos efectuados durante la campaña electoral, así como una supuesta donación de 500 millones de pesos por parte de Fecode. Estas sumas considerablemente grandes ponen en tela de juicio la transparencia y legalidad de los fondos de campaña.

Espinal manifestó abiertamente que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, debería alejarse de su puesto, con la finalidad de no comprometer la imagen de la entidad mientras se desarrollan las investigaciones.

“Debemos proteger la empresa más importante para los colombianos, y que responda ante la justicia alejado de la institucionalidad por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente @petrogustavo”, publicó el congresista en su cuenta de X.

El representante enfatizó también en la necesidad de aclarar el origen y el uso de los fondos cuestionados, subrayando la importancia de mantener informada a la ciudadanía colombiana sobre el desenlace de estas investigaciones que afectan directamente a la integridad de la gestión pública.

Estos eventos se suman a una serie de controversias que han surgido en torno a la financiación de las campañas políticas en Colombia, resaltando la importancia de un proceso electoral transparente y justo.

Mientras el CNE continúa con su investigación, el llamado a la renuncia de Ricardo Roa por parte de figuras del legislativo evidencia la creciente preocupación por salvaguardar la confianza en las instituciones públicas y corporativas del país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) citó al presidente de Ecopetrol, para el 26 de febrero a las 2:30 p. m., con el fin de esclarecer los detalles de una donación de $500 millones a la campaña de Colombia Humana. Este encuentro tiene como objetivo determinar la legalidad de dicha contribución financiera.

La convocatoria, llevada a cabo por los magistrados investigadores Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz, se produce en el marco de una indagación preliminar sobre posibles irregularidades en la financiación de campañas electorales.

Este caso surge tras las declaraciones de Nicolás Petro, hijo del Jefe de Estado, quien reveló ante el ente investigador la existencia de aportes irregulares a dicha campaña. Petro mencionó a varios contribuyentes, entre ellos a Euclides Torres, supuesto financiador de un evento de magnitud en Barranquilla, conocido como la ‘P Roja’, que congregó a cerca de 10,000 asistentes. Según Nicolás Petro, había asumido inicialmente que otro individuo sería el financiador, pero luego se enteró del verdadero patrocinador: Euclides Torres.

El CNE ostenta la autoridad exclusiva para determinar la violación de las normativas en este contexto. Sin embargo, no es el único ente que ha tomado cartas en el asunto. En diciembre, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación separada por presunta financiación ilegal, a raíz de las implicaciones de dinero no declarado en la campaña electoral.

Este órgano ha ordenado la compilación de documentos electorales y financieros de la Registraduría y el propio CNE, en búsqueda de pruebas adicionales.

El seguimiento a estos procedimientos legales revela la complejidad y la trasparencia requerida en el financiamiento de las campañas políticas en Colombia, destacando la importancia de la vigilancia de las autoridades electorales y judiciales en el mantenimiento de la integridad del proceso democrático.