Falta de contratos con el ICBF estaría provocando que los niños se queden sin jardines comunitarios

En una entrevista con la W Radio, una madre identificada como Diana Ordóñez compartió su preocupación debido a que el jardín del ICBF donde cuidan a su hijo aún no está disponible debido a la falta de contratación por parte de la entidad.

“Estamos muy angustiados porque en diciembre nos dijeron que iniciarían en enero, y en enero nos dijeron que la primera semana de febrero, y básicamente nos dicen siempre lo mismo”, expresó en ese medio de comunicación.

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Añadió que, ante esta situación, han tenido que recurrir a una vecina para que cuide al niño, lo que les genera preocupación por la falta de vigilancia y la alimentación que recibe.

La duración del contrato con los jardines comunitarios es de 200 días, lo que aumenta la incertidumbre una vez finalice este período.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, explicó a W Radio que estas demoras se deben a un cambio en la contratación, provocado por más de 2.000 denuncias de operadores con irregularidades entre el 8 y el 12 de febrero.

“En el ICBF estamos implementando un proceso territorializado para que las comunidades puedan ejercer veeduría ciudadana sobre cada uno de los operadores”, señaló Cáceres.

Por último, se comprometió a que los contratos pendientes en el país estarán listos entre el lunes y el martes de la próxima semana.

En relación con la reciente publicación investigativa de Cambio en la que se expuso la presunta desviación de recursos en el contrato 363 de 2021 en el departamento de Nariño, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) emitió un comunicado para informar a la opinión pública sobre las acciones tomadas frente a estas revelaciones.

En dicho artículo se confirmó que los recursos destinados para la protección de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el departamento de Nariño terminaron en manos de particulares.

La Unión Temporal Mi Familia UT, conformada por IPS Afrosalud Colombia y la Corporación Colombia en Paz y Social, Corposocial, fue objeto de la pesquisa, revelando un posible fraude masivo que implicaba la falsificación de registros de atención a familias beneficiarias del programa “Mi Familia” del Icbf en Nariño.

El objetivo declarado era prevenir el maltrato infantil mediante visitas y seguimiento regular a los hogares.

El contrato, firmado en agosto de 2021 por un monto de 8.399 millones de pesos colombianos, buscaba beneficiar a 3.930 familias en 16 municipios del departamento durante 12 meses. Sin embargo, una revisión aleatoria de 812 llamadas reveló que más del 50% de los contactos eran inexistentes o incorrectos, y solo 441 fueron respondidos, de los cuales 62 afirmaron desconocer el programa.

Frente a esta situación, el Icbf emitió una comunicación dirigida a la opinión pública, en la cual informó que la Oficina Asesora Jurídica de la entidad estatal tuvo constancia del contrato, además destalló las acciones tomadas frente a esta situación.

Según el comunicado emitido, siguiendo los lineamientos anticorrupción institucionales, se inició la recopilación de información y pruebas, culminando en la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación el 2 de febrero de 2023.

A pesar de que los procesos administrativos sancionatorios corresponden a las Direcciones Regionales, el Icbf identificó demoras excesivas en el trámite y tomó medidas para agilizar las sanciones impuestas a los operadores que no cumplieron con el contrato. En el caso del contrato 363 de 2021, “lograron ejecutoriarla el pasado 24 de noviembre de 2023, con una imposición de multa por $1.412.415.137″.