Luego de que se conociera el informe de la Contraloría General de la Nación en el que se concluyó que el 80% de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tendrían problemas con la fluidez de dinero para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, varios políticos han mostrado su preocupación y se han referido al tema.
Por ejemplo, el exsenador Alexander López Maya dio a conocer que solicitó la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación investigar a los funcionarios encargados de vigilar los recursos públicos del sistema de salud.
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Así lo dio a conocer en su cuenta de X (antes Twitter) en la que se refirió al informe del órgano fiscal y la deuda que tienen las EPS, la cual, asciende 25 billones de pesos.
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“Con base en lo descrito en el informe de la @CGR_Colombia que revela que 26 EPS adeudan 25 billones al sistema y que 16 EPS incumplen los requisitos para operar en el sistema de salud”.
De acuerdo con lo que explicó Alexander López Maya, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía por presuntos delitos de la administración pública y una queja disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación “por la presunta omisión de funcionarios públicos en la vigilancia de los recursos públicos del sistema de salud”.
En dos cartas dirigidas a Martha Mancera y Margarita Cabello, Alexander López Vega argumentó su solicitud en el artículo 67 inciso 2 de la Ley 906 de 2004 en el que quedó consignado que en el momento en el que un funcionario tenga conocimiento de que se está cometiendo un delito debe iniciar la investigación si tiene la competencia para realizarla o alertar a la autoridad competente.
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“El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviera competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente”.
La idea del exsenador es que, dada la gravedad de los hallazgos de la Contraloría con la actualidad de las EPS, se investigue a los dueños de las EPS y a los funcionarios que no hicieron correctamente la veeduría sobre los recursos que manejan las entidades.
“La gravedad de lo descrito en el informe de la Contraloría debe llevar a que se investiguen a fondo a los dueños de las EPS y a los funcionarios públicos que no hicieron nada ante el marchitamiento del sistema de salud”.
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Según el informe, solo Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud han venido cumpliendo con los requisitos impuestos por la ley, por lo que no tendrían problema en seguir operando, dado que cuentan con reservas técnicas suficientes para responder por sus deudas cuando no tengan fluidez de recursos.
Luego de que el exsenador dio a conocer sus acciones por el informe de la Contraloría, varios usuarios de redes sociales apoyaron la iniciativa, inclusive, pidieron que la denuncia se haga a nivel internacional.
Algunos de los comentarios fueron: “Totalmente de acuerdo, la omisión, indiferencia, contubernio y otras actuaciones, no deben ser de la total normalidad cuando se trata de nuestros recursos, por eso el afán de continuar con la IMPUNIDAD EN EL PAIS. Denuncie ante el mundo también”; “Así es. incluir el detrimento social y económico por las posibles muertes de personas por no atención médica adecuada con los recursos públicos girados”; “Lo que esto indica, es que hace falta mucho control por parte de los entes oficiales, éste déficit no es del último año, eso viene desde el inicio del sistema (sic)”.
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