El reciente anuncio de la Secretaría de Movilidad de Cali sobre el embargo de al menos 2.000 cuentas bancarias a los deudores morosos, ha despertado la inquietud de los colombianos por conocer cómo funciona la medida aplicada por las administraciones locales para recuperar el dinero por concepto de multas y patios.
De hecho, el embargo es una medida legal que puede aplicarse después de que los conductores dejen vencer los plazos estipulados por la ley para ponerse al día, lo que da inicio a un cobro coactivo que permitirá retornar a las arcas de las Alcaldías los rubros en mora.
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Recuerde que la medida de embargo es el último paso de las autoridades, pues con anterioridad debió recibir notificaciones electrónicas y físicas sobre el proceso que se adelanta en su contra, con el fin de lograr un acuerdo de pago y evitar el recurso de emergencia que es avalado por la ley colombiana y la Superintendencia Financiera.
Sin embargo, debe tener claridad de que no recibir las advertencias no lo exime de la medida, pues es responsabilidad de cada conductor mantener los datos actualizados en el Runt para notificaciones y seguimiento de procesos.
En caso de que su cuenta llegue a ser embargada, debe saber que los aparentes descuentos que aparecen en su extracto bancario no corresponden al pago de la multa en mora, sino que hacer parte de un mecanismo denominado como depósito judicial, en el que se retiene parte de su dinero mientras logra cancelar el dinero adeudado con los organismos de tránsito.
Es decir que, una vez quede al día con sus obligaciones, el dinero será nuevamente desembolsado en los tiempos estipulados por la ley. De lo contrario, si el deudor no accede a pagar, el dinero pasará a ser parte del pago de la deuda más intereses incurridos por el tiempo de espera.
Aunque es menos usual, las secretarías de Movilidad también pueden solicitar a las autoridades que se embargue un bien material como parte de pago, por lo que la principal recomendación es ponerse al día para evitar los eternos papeleos que pueden significar la retención de sus ahorros o vehículos.
Recuerde que, una vez un juez emita la resolución para apoderarse de sus cuentas, la única alternativa que tendrá es pagar la totalidad de la deuda, pues en ese punto del proceso ya no será permitido llegar a acuerdos con los organismos de tránsito para obtener rebajas sobre los intereses o diferir el pago en varios plazos.
Asimismo, si usted realiza el pago, las autoridades están en la obligación de retornarle el poder de su cuenta, así como deberá garantizar el dinero que le fue retenido por orden de un juez. Según los tiempos establecidos de ley, el desembargo de sus cuentas y bienes puede tomar un plazo de hasta 15 días hábiles, aunque el propietario de la cuenta podrá radicar una solicitud para asegurar que el proceso se culmine de forma efectiva.
Más de 2.000 cuentas serán embargadas en Cali por deudas con Secretaría de Movilidad
La Secretaría de Movilidad de Cali ha decidido emprender acciones más estrictas para solventar el déficit financiero generado por infracciones de tránsito no pagadas, implementando el embargo de cuentas bancarias y vehículos a partir del 9 de febrero de 2024.
Dicho proceso de embargo se inicia con aquellas cuentas de individuos que han ignorado los llamados previos para saldar sus deudas relacionadas con multas de tráfico. Se estima que se embargarán 2000 cuentas bancarias y 1961 vehículos, incluyendo automóviles y motocicletas, sumando aproximadamente un total de $3918 millones de recobro esperado.
Los embargos vehiculares comenzaron específicamente el 12 de febrero, focalizando su intervención en unidades que incluyen tanto vehículos particulares como de transporte público. Los ciudadanos con deudas pendientes pueden verificar su situación a través del sitio web oficial de la Alcaldía de Cali, siguiendo la sección dedicada a la Secretaría de Movilidad.
Este esfuerzo por recuperar fondos adeudados ha sido impulsado por Alberto Hadad, asesor de Movilidad de la Alcaldía de Cali, quien expresó su preocupación por la alta cifra de la deuda y la necesidad de abolir la cultura de impago en la ciudad.
No obstante, la medida ha sido vista como controversial por algunos sectores, argumentando que podría perjudicar económicamente a los ciudadanos en lugar de ofrecer soluciones o incentivos para el pago de deudas, como descuentos u otros estímulos.