Dian estableció nuevas tarifas del impuesto a la gasolina, ACPM y gas y ahora habrá que pagar más

La modificación se da obedeciendo a la nueva UVT, decretada por la entidad, y al IPC, calculado por el Dane

Compartir
Compartir articulo
Mientras el precio del diésel está en promedio de $9.065, el de gasolina corriente se encuentra en $15.160 - crédito Agencia Andina
Mientras el precio del diésel está en promedio de $9.065, el de gasolina corriente se encuentra en $15.160 - crédito Agencia Andina

En medio del debate entre el Gobierno nacional y los transportadores de carga sobre si subirá o no el precio del diésel (ACPM) para terminar de cerrar el billonario déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc) , la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) dio a conocer importantes ajustes en las tarifas del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM (diésel), así como del impuesto nacional al carbono, que se hicieron efectivos a partir del 1 de febrero de 2024.

Estas modificaciones obedecen al incremento de la unidad de valor tributario (UVT) para 2024, que se situó en $47.065 y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 (9,28%). Este anuncio, publicado por medio de la Resolución 000007 del 31 de enero de 2024, marca un punto importante en la política fiscal y ambiental del país.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Las nuevas tarifas del impuesto aplicado a la gasolina corriente se fijaron en $724,70 por galón. Para la gasolina extra, el valor será de $1.375,46 por galón, y para el ACPM (diésel), se estableció una tarifa de $693,65 por galón. Además, se precisaron valores para las mezclas de ACPM y biocombustible destinadas a motores diésel y los combustibles usados en la pesca o en operaciones marítimas efectuadas por la Armada Nacional, asignándoles un precio diferencial de $884,07 por galón.

En cuanto al impuesto al carbono, este será calculado sobre las bases gravables establecidas, ajustándose de acuerdo con lo especificado en el parágrafo 1 del artículo 222 de la Ley 1819 de 2016, que fue modificado por el artículo 48 de la Ley 2277 de 2022.

De esta manera, se establecieron las siguientes tarifas:

  • Carbón: $65.713,38 por tonelada.
  • Fueloil: $299,53 por galón.
  • Jet fuel: $254,22 por galón.
  • Kerosene: $247,93 por galón
  • Gas licuado de petróleo: $168,64 por galón.
  • ACPM: $210,63 por galón.
  • Gasolina corriente: $186,37 por galón.
  • Gas natural: $39,70 por metro cúbico.

Un punto relevante es la tarifa por tonelada de carbono equivalente (CO2eq) para 2024, fijada en $25.799,56, cifra que todavía no alcanza el equivalente a tres UVT, que corresponderían a $141,195. La entidad precisó que esta disposición muestra la continuación de esfuerzos del Gobierno por gravar las emisiones de dióxido de carbono, aunque aún existe un notable margen para ajustar estas cifras hacia un marco más ambicioso en la lucha contra el cambio climático.

Impacto ambiental

Este ajuste en las tarifas impositivas no solo tiene un impacto fiscal, sino que también está íntimamente relacionado con las políticas ambientales del país. Al gravar de manera más significativa los combustibles y las emisiones de carbono, el Gobierno busca incentivar el uso de alternativas más limpias y sostenibles, en consonancia con sus compromisos internacionales de reducción de emisiones y protección del medio ambiente.

“Estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno con una fiscalidad responsable y ecológicamente sostenible”, señalan expertos en materia tributaria y ambiental, al destacar que la actualización de las tarifas es un paso necesario para adaptarse a la dinámica económica y ecológica actual.

Sin embargo, también resaltan la importancia de seguir avanzando en la implementación de políticas que propicien una mayor reducción de la huella de carbono y fomenten el uso de energías renovables en el país.

Opciones más verdes

Cabe destacar que estos cambios fiscales llegan en un momento en que la sociedad demanda acciones concretas frente al cambio climático y una mayor conciencia sobre el impacto ambiental de nuestras acciones cotidianas. Con este ajuste tarifario, se espera no solo recoger ingresos para el Estado de manera más efectiva, sino también orientar el comportamiento de los consumidores hacia opciones más verdes.