La Presidencia de la República, a través de la coordinadora del Grupo Gerencia de Defensa Judicial, Carolina Jiménez Bellicia, solicitó al Consejo de Estado que desestime una acción de tutela presentada para acelerar la elección de la nueva fiscal General de la Nación, para el periodo 2024-2027, luego de la salida de Francisco Barbosa, cuyo periodo culminará el 13 de febrero. Una decisión que podría calificarse como sorpresiva.
Según documentos conocidos por la revista Semana, que fueron revelados el 28 de enero, la abogada de la Presidencia argumentó que no existen violaciones a los derechos fundamentales en el procedimiento de selección que actualmente lidera la Corte Suprema de Justicia, por lo que pidió rechazar la reclamación. Así lo dejó plasmado en un documento de cinco páginas, en el que salió a defender la posición del Ejecutivo.
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“No hay vulneración alguna del derecho fundamental de petición ni de ningún otro por parte de la Presidencia de la República y/o el señor presidente de la República”, se leyó en el concepto.
Este caso se conoció después de que Germán Espinosa Mejía radicó una tutela en la que criticó las demoras en la elección de la sucesora de Barbosa en la Fiscalía General: en un proceso en que el presidente Gustavo Petro presentó ante el alto tribunal, el 26 de septiembre de 2023, una terna con los nombres de Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, como aspirantes a tomar el cargo.
En respuesta a la tutela de Espinosa, desde el despacho presidencial se informó que, el 10 de noviembre, se atendió el derecho de petición de Espinosa y se envió la documentación a la Corte Suprema, que es el órgano judicial competente para la elección. Esto se suma a que el entonces presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo, también había rechazado las alegaciones del accionante, y las calificó de “suposiciones infundadas”.
Corte Suprema y el cronograma para la elección de la nueva fiscal
Desde el 31 de octubre, con el Acuerdo 2113, la Corte estableció un cronograma para la revisión de las candidaturas presentadas por Petro y la participación ciudadana en el proceso, con lo que busca garantizar la transparencia y objetividad en la elección. El alto tribunal recalcó su compromiso con los principios de autonomía e independencia judicial en todo momento y dejó en claro que no ha habido violaciones a derechos fundamentales.
Por su parte, Mejía argumentó que con su recurso judicial lo que quiere es evitar un período de interinidad en el ente acusador, en una crítica dirigida hacia la gestión actual de Francisco Barbosa, y con lo que pretendería que en su reemplazo no quede Martha Mancera; pues si en la sesión del 8 de febrero la Sala Plena no toma una determinación, será esta funcionaria la que asuma por encargo el puesto de fiscal General de la Nación.
Y es que, en efecto, la próxima plenaria de la Corte continuará con el proceso de votación, luego de que el jueves 25 de enero ninguna de las aspirantes logrará los 16 votos necesarios para ganar la elección, de 23 posibles. Según se supo, la que más apoyos obtuvo fue Pérez, que en una de las rondas logró nueve sufragios, mientras que Buitrago solo alcanzó seis y Camargo apenas llegó a dos apoyos.
Esta fue segunda vez que se postergó la escogencia de la nueva fiscal, luego de que el 7 de diciembre de 2023 se aplazara la votación debido a que no se habían posesionado los magistrados Fernando Augusto Jiménez Valderrama como togado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural; y Gerardo Barbosa Castillo asumirá su cargo como magistrado de la Sala de Casación Penal de la corporación.
“Sería absolutamente irresponsable comprometerme con una fecha porque estamos sujetos a una deliberación en el marco de una sala plena integrada por 23 magistrados”, dijo el nuevo presidente de la Corte, Gerson Chaverra, al ser interrogado por la actualidad del proceso.