El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció que se presentará al Congreso el articulado de la reforma a la Ley de Servicios Públicos. El anuncio lo hizo en el marco de la Asamblea Popular de Energía y Servicios Públicos en Tumaco, el 24 de enero.
Esta presentación precede la discusión en el Congreso de la República, donde se deberá debatir el proyecto de ley.
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Según informó la cartera de Minas y Energía, el proyecto ha necesitado meses de elaboración y se centra en tres pilares fundamentales.
El primero es garantizar un mínimo vital de servicios públicos, inspirándose en iniciativas previas, como el mínimo vital de agua ejecutado en Bogotá bajo la gestión del entonces alcalde Gustavo Petro.
En segundo término, la reforma busca ampliar las oportunidades de participación y vigilancia de los usuarios sobre las tarifas de los servicios, promoviendo la transparencia y justicia en la fijación de precios.
Finalmente, se propone otorgar mayores facultades de regulación y control a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para manejar y monitorear los costos de la energía en el territorio nacional.
La reforma se enmarca en la actualización de la ley que rige desde 1994, identificada como la Ley 142. Dicha normativa estableció los ajustes al modelo de prestación de servicios que actualmente siguen vigentes.
El avance de esta propuesta busca modernizar y adaptar la regulación a las necesidades actuales de la población colombiana. La esperada discusión en el Congreso será el próximo paso en el proceso legislativo, donde se podrán introducir cambios y se consolidará el texto final de la ley tras las correspondientes deliberaciones y votaciones.
El Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro Urrego, había anunciado su iniciativa de implementar el concepto de ‘mínimo vital’ nacionalmente, una propuesta que busca asegurar el acceso a servicios básicos de energía y gas a tarifas accesibles para toda la población. Esta medida, que resonó en sus discursos durante su mandato como alcalde de Bogotá, se prevé que sea aplicada a lo largo del país mediante una nueva legislación.
La Superintendencia de Servicios Públicos también desempeñará un rol clave en esta transformación al recibir mayores capacidades de supervisión. Según la información que se ha difundido, la entidad tendrá herramientas adicionales de control que le permitirán ejercer acciones pertinentes para regular los precios de la energía.
Este enfoque regulatorio se basa en la disposición del Estado para garantizar que la economía no esté marcada por tarifas desmedidas que afecten a los consumidores. Además, se contempla que la reforma propuesta habilitará a los usuarios a nivel nacional para realizar labores de veeduría y control sobre las tarifas de manera constante, dotándolos de una voz activa en el monitoreo de los servicios públicos.
En junio de 2023, sectores como Andesco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, cuestionaron una propuesta previa del ministerio de Minas dirigida por Andrés Camacho, que buscaba fundamentos para dicha reforma. Los debates que se dieron el año anterior, señalaban la necesidad de una revisión profunda del modelo de servicios públicos en Colombia.
Durante el congreso de Andesco, Dagoberto Quiroga, titular de la Superintendencia de Servicios Públicos, expresó sin mencionar artículos específicos de la Ley 142, la urgencia de la situación.
“Todos los días recibe quejas de usuarios del país sobre movilizaciones porque no hay agua, por la contaminación de un relleno sanitario o porque están contaminando el medio ambiente”, dijo Quiroga, afirmando que se requiere más que solo atender quejas y reclamos para resolver los problemas persistentes de los servicios públicos.
La propuesta de reforma está en el ambiente desde septiembre del año pasado, cuando se anunció oficialmente. Si bien el debate público y las críticas han acompañado esta iniciativa desde su concepción, es evidente el compromiso del actual gobierno por reformar el sistema de servicios públicos, otorgándole a los ciudadanos un papel más activo y a las entidades reguladoras, mayores capacidades de intervención.
“Con quejas y reclamos no resuelve el problema de los servicios públicos”, enfatizó Quiroga en su intervención, poniendo de relieve la importancia de generar mecanismos efectivos y no meramente reactivos en la gestión de los servicios esenciales para la población.
La expectativa es que estas medidas proporcionen no solo una base para resolver las disputas en cuanto a tarifas injustas o servicios inadecuados, sino también para prevenir futuros conflictos ambientales y sociales derivados de una prestación ineficiente de los servicios públicos.
La conversión de esta propuesta en ley se perfila como un posible cambio sustancial en la relación entre usuarios, entidades reguladoras y proveedores de servicio a lo largo del país.
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