Tras un consejo de seguridad celebrado en Medellín el 9 de enero de 2024, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en conjunto con el alcalde Federico Gutiérrez y representantes de las autoridades locales, develaron un ambicioso plan de acción para fortalecer la seguridad en la capital de Antioquia.
La estrategia de priorización anunciada por el fiscal Barbosa propone una serie de medidas específicas para abordar la criminalidad en Medellín, una ciudad que en los últimos años ha enfrentado retos significativos en materia de orden público. Una de las acciones más destacadas es la ejecución de 174 órdenes de captura pendientes contra presuntos responsables de homicidios.
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La preocupación por los delitos de alto impacto es palpable, por lo que el fiscal subrayó la necesidad de abordar esta problemática con la mayor seriedad y eficiencia. Debido a la cantidad de individuos implicados en homicidios que aún se encuentran en libertad, el plan busca una colaboración estrecha entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la Alcaldía de la ciudad para asegurarse de que los presuntos criminales sean detenidos y enfrenten la justicia.
Junto con las órdenes de captura, el plan también incluye la implementación de estrategias de fortalecimiento para la Policía Judicial. El fiscal Barbosa lamentó la reducción de personal especializado, pasando de 40 a 28 policías judiciales dedicados exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico. Esta situación ha impactado la capacidad de las autoridades para atender esta problemática de manera efectiva, y el nuevo plan apunta a revertir este déficit.
Además, la estrategia contra el crimen se extenderá hacia tres comunas particularmente afectadas: Candelaria, Robledo y Aranjuez, donde se han registrado los índices más elevados de delitos. Para enfrentar la situación, se ha estructurado un esquema de investigación que involucra a un número importante de fiscales especializados. Estos equipos estarán enfocados en delitos como el homicidio, el microtráfico, el hurto y la extorsión.
El fiscal Barbosa también señaló que el objetivo es obtener resultados tangibles en los próximos 90 días, centrados en desarticular las organizaciones criminales que operan en Medellín, que prometen ser el inicio de un proceso continuo de intervención y evaluación y que se revisará en un futuro consejo de seguridad.
En el ámbito financiero, resaltó una operación significativa contra los activos de la criminalidad, habiendo incautado bienes valorados en 48.000 millones de pesos, gestionados ahora por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta reposición de bienes a favor del Estado es vista como un importante avance en la lucha contra el poder económico que respalda las estructuras criminales.
La colaboración entre entidades del Gobierno local y la Fiscalía continúa siendo un pilar central en el combate a la criminalidad. Es por ello que el fiscal Barbosa hizo énfasis en la importancia de la itinerancia como táctica, adaptándose a las dinámicas cambiantes del crimen organizado y manteniendo el impulso de la presencia policial en todas las áreas afectadas.