Emilio Tapia seguirá en cárcel de Barranquilla: se acabó pleito con el Inpec y batallón de Malambo

El empresario, involucrado en el carrusel de la contratación y el caso de Centros Poblados, solicitó un traslado al complejo militar para estar cerca de su familia, pero provocó un lío judicial

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Emilio Tapia fue protagonista del cartel de la contratación y dueño de tres de las empresas que hacían parte de la unión temporal Centros Poblados - crédito Colprensa
Emilio Tapia fue protagonista del cartel de la contratación y dueño de tres de las empresas que hacían parte de la unión temporal Centros Poblados - crédito Colprensa

Un nuevo capítulo en el proceso judicial de Emilio Tapia, empresario que estuvo involucrado en los casos de corrupción como el carrusel de la contratación y el contrato del Ministerio de las TIC con Centros Poblados, debido a que se archivó el proceso de traslado desde su lugar actual de reclusión, que es la cárcel El Bosque de Barranquilla.

El objetivo del implicado era que lo llevaran a una celda del Batallón Militar Vergara y Velasco, en el municipio de Malambo, Atlántico, donde estaría cerca de su familia y su esposa radicó una tutela para eso, pero un problema en dicho lugar provocó que fuera imposible su traslado.

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Sumado a eso, la petición provocó todo un lío jurídico entre la Procuraduría, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el batallón por un posible caso de desacato, pero un juzgado resolvió todo para que Tapia continúe en la cárcel de Barranquilla y pague su condena de 17 años por el carrusel de la contratación.

El traslado de la discordia

Todo comenzó con una tutela de Natalia Morales, esposa de Emilio Tapia, que esperaba un traslado al Batallón Militar Vergara y Velasco para que su pareja estuviera cerca de sus hijos, lo pudieran visitar y compartir con ellos durante su condena por participar en el caso de corrupción en Bogotá.

Sin embargo, ese proceso se vio truncado porque en el espacio militar no había una celda especial para el empresario y la única que estaba disponible la tenía Aida Merlano Rebolledo, la excongresista del partido Conservador que fue condenada por compra de votos y que escapó en 2019 a Venezuela, volviendo en 2023 para responder ante la justicia.

Ese hecho provocó un pleito entre el batallón, el Inpec y la Procuraduría por un incidente de desacato al no ser trasladado el empresario, cuyas sanciones implicaban una multa de cinco salarios mínimos legales vigentes y arresto durante cinco días contra el teniente coronel Oscar Javier Fernández Gómez, comandante del Batallón Vergara y Velasco.

El escrito

Según el medio Blu Radio, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo, Atlántico, presentó ante el Consejo Superior de la Judicatura un escrito que daba por terminado el proceso judicial del pleito entre la Procuraduría, Inpec y el batallón militar por no trasladar a Emilio Tapia, como su esposa lo solicitó con la tutela.

Según el auto emitido el 6 de diciembre, el empresario condenado por corrupción desistió de continuar con el recurso, así que seguirá en su celda de la cárcel El Bosque y acabar el pleito entre las entidades, ya que es el único lugar con las condiciones para recibirlo.

Sumado a eso, el juzgado exhortó al Inpec para que siga garantizando la seguridad de Emilio Tapia en el centro penitenciario, por lo que queda de su condena de 17 años. Cabe recordar que el sujeto tiene nuevas acusaciones de la Fiscalía por corrupción en contratación pública.

Unas por otras

El proceso de Emilio Tapia por el caso de Centros Poblados, con el polémico contrato con el Ministerio de las TIC para la conectividad en zonas rurales, tuvo una victoria y nuevas acusaciones, empezando porque la Contraloría lo eximió de ser responsable fiscal en el hecho.

Por su parte, en mayo de 2023, la Fiscalía informó que fue señalado “por su presunta participación en distintos actos de corrupción identificados en el trámite y celebración de contratos que se seguían en dos entidades públicas distintas”, agrupando tres procesos en los que es acusado de “quedarse con la contratación pública y apropiarse de recursos”.

“Dos de los eventos que se le atribuyen al procesado están relacionados con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal ‘Centros Poblados’, el cual pretendía llevar Internet a 7.000 escuelas rurales”, añadió.

El ente acusador también señaló que el acusado “conoció de la obtención de pólizas falsas para respaldar ante el Ministerio de las TIC la seriedad de la oferta, la firma del contrato y recibir un desembolso de 70.000 millones de pesos, por concepto de anticipo”.