Crisis del sistema de salud no es culpa de Petro, según ponente de la reforma

Los problemas y escándalos que hoy rodean a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que involucran millonarias deudas y deficiencias en la atención en salud de los colombianos, han generado controversia. En el contexto actual en el que el Gobierno nacional intenta sacar adelante el proyecto de reforma a la salud, varios sectores han culpado al presidente Gustavo Petro de generar la crisis en el sistema de salud para así lograr que la iniciativa sea aprobada en el Congreso de la República.

Una de las personas que ha mantenido esta idea es la gobernadora electa del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, a quien muchos han criticado por responsabilizar al presidente. “La culpa la tiene Petro que no está mandando la plata para las EPS para pagarle a los hospitales y a las clínicas, él es el que tiene la culpa (sic). Ustedes han oído a las EPS quejándose porque el gobierno no les paga, y si no les paga a las EPS no se los puede pagar ni a los hospitales, ni a las IPS”, aseguró Toro en un mitin de cierre de campaña.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

La responsabilidad que adjudican a Petro se mantiene vigente, por lo que el congresista y ponente de la reforma a la salud Alfredo Mondragón dedicó unos minutos de video para enlistar las razones por las cuales considera que esta afirmación es falsa. En primer lugar, afirmó que de las 130 EPS que ha tenido Colombia, 106 han terminado liquidadas en administraciones anteriores a la del presidente.

Además, mencionó al exmandatario Iván Duque por haber invertido más de siete billones de pesos para afrontar los problemas financieros de las entidades promotoras, sin que eso fuera de mucha ayuda. “Resulta que siguen en crisis”, aseguró el representante a la Cámara. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud y Protección Social de 2019, el expresidente Duque inició el pago de deudas a diferentes proveedores y prestadores del sistema de salud, que para entonces rondaban los cinco y siete billones de pesos.

No obstante, hoy las EPS activas continúan con serias dificultades económicas. Pues, según informó la Superintendencia Nacional de Salud, adeudan más de 16 billones de pesos a diferentes actores del sistema. A esto se suma un faltante histórico de 12 billones de pesos por concepto de reservas técnicas. Esto, a pesar de que, según el Ministerio de Salud, han recibido de manera oportuna todos los recursos para cumplir con los pagos.

Sobre las EPS que ya fueron liquidadas, el ponente aseguró que “se fueron” sin responder por más de siete billones de pesos. Aunque un informe de la Superintendencia Nacional de Salud indica que la deuda llega a los 27,5 billones de pesos. “Eso tuvo que quedar en las manos y en los bolsillos de algún corrupto”, precisó el representante.

También habló sobre el desabastecimiento de medicamentos en el país, por lo que el ministro de Salud Guillermo Jaramillo ya fue llamado a un debate de control político. De acuerdo con el representante, la culpa no es del actual Gobierno. “Realmente, el desabastecimiento se da porque las EPS como Sanitas no están comprando los medicamentos, o simplemente, porque no le están pagando a los dispensadores, como a la Cruz Verde”, explicó.

Esta cadena de farmacias se negó a seguir suministrando medicamentos que no están incluidos en el Plan Básico de Salud, debido a una deuda de 400.000 millones de pesos que tiene la EPS. El Ministerio de Salud detalló que Sanitas también le debe al 27% de las clínicas y hospitales vinculadas. Sin embargo, la entidad aseguró que no tiene recursos para solventar todos los gastos y culpó al Gobierno nacional por eso.

Como siguiente punto, el ponente de la reforma presentó datos preocupantes sobre la cobertura del sistema en todo el territorio colombiano. De 1.123 municipios, casi 700 no tienen centros de salud ni profesionales que atiendan a los habitantes. A esto se suma más de 100.000 tutelas que instauran los usuarios por deficiencias en la prestación del servicio, lo que implica una vulneración al derecho a la salud.