El gobierno Petro es ineficaz contra la explotación sexual y trata de mujeres, advirtió la congresista Jennifer Pedraza

Un nuevo y duro reproche le hizo la representante a la Cámara por Bogotá del movimiento Dignidad & Compromiso Jennifer Pedraza hacia el gobierno del presidente, Gustavo Petro, en esta ocasión por lo que sería su ineficacia para combatir la explotación sexual y trata de mujeres, tanto adultas como menores de edad.

“Hay que decirlo con todas las letras, como país no estamos haciendo nada (...) Primero ni siquiera tenemos cifras claras. Una cosa dicen MinDefensa, otra MinInterior y otra la Defensoría del Pueblo. Sin contar con el subregistro que indica que todas estas cifras podrían ser hasta 10 veces peores”, advirtió la congresista el sábado 25 de noviembre, a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Tik Tok.

Según los datos que citó, el Ministerio de Defensa tiene un registro de 250 victimas de estos delitos, entre el 2022 y el 30 de junio de 2023. Mientras que en la cartera del Interior tienen un total de 521, entre enero y agosto de 2023. Y en la Defensoría del Pueblo 236 víctimas, de enero de 2018 a junio de este año,

“Necesitamos de un diagnóstico serio y riguroso para saber qué ciudades y qué mujeres están en mayor condición de vulnerabilidad, no solamente para adoptar acciones concretas, sino también para adoptar una política preventiva”, criticó.

A esto se suma que el rubro que se asigna para hacerle frente a este fenómeno criminal es ínfimo, así como tampoco se ha focalizado que entidades del Estado deben asumir esta responsabilidad.

Para Pedraza la consecuencia más grave es que no se ha golpeado realmente a las estructuras que dominan esa renta criminal, donde incluso se estarían dando contubernios entre los criminales y las autoridades.

Agregó que bandas de crimen transnacional como el Tren de Aragua, de origen venezolano, son los que están lucrándose de esta actividad criminal, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica a costa de las mujeres, adolescentes y niñas que huyen de las malas condiciones que impone el régimen de Nicolás Maduro.

Ante la grave situación, y por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró este sábado, la congresista llevará a cabo una audiencia el lunes 27 de noviembre con expertos para establecer un diagnóstico sobre esta problemática y cómo combatirla.

A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, según datos de la Procuraduría General de la Nación, 410 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Colombia con corte a septiembre de este año, es decir que habría un promedio de 52 casos mensuales.

Según el Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia, el 55 % de los crímenes fue perpetrado con arma de fuego, detalló el organismo en un comunicado publicado.

“La Procuraduría General de la Nación reiteró su preocupación por el contexto de violencia que se sigue presentando contra la mujer en el país, una realidad más aterradora de la que reflejan las cifras, por lo que se hace necesario establecer un sistema unificado de información de violencias que permita dimensionar el alarmante panorama y la toma de acciones efectivas de prevención”, agregó la información.

El Ministerio Público señaló además que “las violencias que subyacen al feminicidio” son las físicas, psicológicas, económicas, patrimoniales y sexuales.

Esto se materializa “en la violencia intrafamiliar, la explotación sexual, el acoso sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, servidumbre, matrimonio servil y las uniones tempranas, entre otras”.

Según el informe de la Procuraduría, que también recoge cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y septiembre hubo al menos 36.626 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, de los cuales 27.327 fueron por violencia de pareja.

Por eso, el Ministerio Público hizo un llamado para la “articulación institucional de todas las autoridades, no solo para reporte de cifras y datos que permitan conocer los contextos en que ocurren los feminicidios”, sino “también los factores de riesgo, que permitan generar alertas e información para la planeación, construcción y ejecución de medidas efectivas de prevención”.