Nada bien ha caído la propuesta del presidente Gustavo Petro de no subir los salarios de los altos funcionarios del Estado. Desde varios sectores han argumentado que no es competencia del mandatario determinar los topes de lo que perciben los servidores públicos. Además, han dicho que eso ya está reglamentado.
Desde Cartagena, donde Petro participó en el XX Congreso Nacional de la Infraestructura (CCI), explicó: “El funcionamiento en el Gobierno nacional es básicamente Ejército y Policía, entonces tocamos una vértebra que es la seguridad o altos salarios que no da para recuperar los $6.5 billones (de ingresos), no sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público. Esto en las tres ramas del poder público, las entidades descentralizadas, etcétera”.
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Frente a esto, la procuradora Margarita Cabello se unió a las voces que contrarían su propuesta, asegurando que hay leyes que indican que el Índice de Precios del Consumidor (IPC) debe ser respetado, ya que representan el costo de vida de los colombianos.
“Hay reglas especiales que determinan y que le dan funciones específicas al presidente de la República para determinar los aumentos en los salarios y él sabe que se tiene que ceñir a la regla”, añadió la procuradora, según conoció El Tiempo.
Según el medio, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Castillo, también se pronunció al respecto, señalando que impactar el presupuesto destinado para las diferentes labores que ejecuta la Rama Judicial es equivocado, además de “inaceptable”. Lo mismo hizo el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Rodríguez Guzmán, que explicó que un recorte de dinero sería problemático.
Las razones para no subir los salarios, según Gustavo Petro
De acuerdo con las declaraciones que dio el mandatario en Cartagena, la medida busca mitigar el impacto de la reforma tributaria en materia fiscal debido a la decisión de la Corte Constitucional de no permitir la deducción de las regalías para pagar el impuesto de renta. Además, aseguró que es necesario aumentar el pago de endeudamiento de 70 a 96 billones de pesos.
No obstante, de acuerdo con el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, que se pronunció desde el Congreso Nacional de Infraestructura, la medida que tomó la Corte Constitucional no generará un gran impacto en el presupuesto, pues dijo que no alcanza a afectarlo ni en un 1%, teniendo en cuenta que para 2024 se proyecta un presupuesto total sin deuda de 200 millones de pesos.
En ese sentido, el presidente podría organizarse de tal manera que no sea necesario congelar los salarios de los funcionarios, ni tampoco recortar el dinero destinado a las diferentes ramas del poder público y entidades del Estado. Mejía aseguró que es importante que las finanzas se distribuyan según las prioridades que se tengan y que, en consecuencia, se logre una “ejecución normal del presupuesto”, sin tener que afectar a nadie en el proceso.