La audiencia en la que se pretendía iniciar el juicio en contra de Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito se vio obstaculizada por una petición de la defensa. Los abogados del hijo del presidente Gustavo Petro solicitaron que el proceso se traslade a Bogotá, una petición que fue rechazada por la Fiscalía y la Procuraduría.
El juez segundo penal del Distrito de Barranquilla, donde fue asignado el proceso, decidió enviar la impugnación de competencia a la Corte Suprema de Justicia, debido a que el fiscal Mario Burgos y la representante del Ministerio Público se mostraron férreamente en oposición a la solicitud de trasladar el caso a un juzgado de Bogotá.
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A la audiencia llegó un nuevo abogado suplente llamado Sebastián García, quien se sumó al equipo de Petro Burgos únicamente para esa diligencia y fue el encargado de presentar la impugnación de competencia. Según su exposición, el caso debía ser asumido por un juez especializado del distrito en el que se haya cometido la conducta imputada más grave.
En ese sentido argumentó que el lavado de activos, al ser el delito de mayor pena imputado al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se cometió en la capital del país. “La mayoría de los dineros que presuntamente fueron adquiridos, como bien deja claro el escrito de acusación, sucedieron en la ciudad de Bogotá, luego esos dineros fueron transportados a Barranquilla según la tesis acusatoria”, señaló el abogado.
Para la defensa y como lo señaló la Fiscalía en la imputación, las conductas delictivas se habrían realizado tanto en la capital del país como en la del Atlántico, donde vive Petro Burgos. “No obstante con esos mismos dineros se realizaron distintas compras en la ciudad de Bogotá y según esto habría servido para materializar los verbos rectores de ocultar y encubrir. Bajo esa consideración el delito más grave, el lavado de activos, ocurrió en la ciudad de Bogotá”, agregó el abogado.
García también sostuvo que por esa razón en la captura de Nicolás Petro, la Fiscalía lo trasladó de manera expedita a Bogotá. Además, el abogado asegura que fue en la capital del país donde se habría presuntamente recibido la mayor parte de los dineros que sustenta las imputaciones.
Para el fiscal Burgos, la solicitud de la defensa del exdiputado del Atlántico sería una maniobra dilatoria y, según dijo en la audiencia, se habría presentado si el proceso se hubiera radicado en Bogotá. “Eso se veía venir, yo creo que es una petición temeraria o de mala fe porque se está haciendo un abuso de los recursos para no continuar con el normal curso de los procesos”, afirmó.
El fiscal le solicitó al juez que no se conceda la petición de la defensa. “No se acepte, jurídicamente no sé cómo se llamaría, quedé atónito con esa propuesta de la bancada defensiva”, afirmó el encargado de la acusación. Así mismo, sostuvo que la mayoría de los delitos se cometieron en Barranquilla, como está descrito en el escrito de acusación.
La representante del Ministerio Público tampoco estuvo de acuerdo con la solicitud de la defensa de Nicolás Petro. Según explicó la funcionaria, las acciones delictivas ocurrieron en la jurisdicción de los jueces de Barranquilla debido a que las compras fueron en esa ciudad, Palmarito, Puerto Colombia y la zona urbana de la capital del Atlántico.
“La competencia está en los jueces penales del distrito de Barranquilla y no de Bogotá. El fundamento dado por la defensa no es cierto, el lavado de activos sucedió fue en Barranquilla y no en Bogotá. El Ministerio Público considera que la competencia para el juzgamiento está radicada en los jueces penales del distrito de Barranquilla y aquí no interesa dónde se hayan realizado las audiencias preliminares, no tiene nada que ver ello con el juzgamiento de las conductas delictivas”, afirmó la representante de la Procuraduría.