En una alarmante situación ambiental, los Farallones de Cali se enfrentan a una crisis desencadenada por la actividad minera ilegal, que ha resultado en niveles extremos de mercurio y plomo en el río Cali. Aunque las autoridades han anunciado medidas para abordar el problema, la demora en la implementación de acciones concretas ha despertado críticas y preocupaciones.
Según se conoció, el 8 de marzo de 2022, se anunció el cierre y sellamiento mediante implosión de las minas ilegales ‘Óscar Martínez’, ‘Patequeso’ y ‘Juan Getial’, ubicadas en los Farallones. Sin embargo, más de un año después, más de 600 mineros ilegales continúan operando con total libertad, utilizando mercurio y cianuro para extraer oro ilegalmente.
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A pesar de alertas previas de la Procuraduría General de la Nación sobre el daño ambiental en la región, la respuesta concreta se demoró. Fue solo hasta el 6 de julio de este año que la Alcaldía de Cali destinó recursos significativos para combatir la minería ilegal en los Farallones.
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La contaminación detectada es grave. Según un estudio de la Procuraduría y revelado en una investigación del medio caleño El País, el río Felidia, tributario crucial del río Cali, presenta niveles de mercurio y plomo que superan con creces los límites establecidos por las normas internacionales.
“En un reciente estudio realizado por el Ministerio Público con el apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, de la Embajada de Estados Unidos, se detectó la presencia de los elementos tóxicos en el río Felidia, tributario crucial del río Cali, donde se evidenciaron niveles de 23 partes por millón (ppm), excediendo la referencia de la Normativa Canadiense y OMS (CCME, 1999) que establecen límite máximo en 0,1 a 0,17 mg/kg”, señala el informe de la Procuraduría.
El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, explicó que se ha llevado a cabo el cerramiento de bocaminas en los Farallones, pero la modalidad inicial de tabique o tapón de concreto no fue efectiva, razón por la que tuvieron que cambiar de estrategia. Según informaron, tuvieron que usar explosivos en para causar una implosión interna de la bocamina, pero a pesar de los esfuerzos por contener el daño, ya parecía irreversible.
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Por su parte, la Procuraduría ha expresado su preocupación por la poca diligencia de las autoridades locales, especialmente del saliente alcalde Jorge Iván Ospina, para abordar la minería ilegal en los Farallones. Gustavo Adolfo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, afirmó que se venía advirtiendo sobre la afectación al río Cali y, a pesar de eso, no se le prestaron las mayores atenciones.
“Lo veníamos advirtiendo desde hace seis meses y las autoridades se hicieron las de la vista gorda. Nosotros intuíamos que por las actividades mineras ilegales en el parque Farallones había una grave afectación al río Cali”, señaló el funcionario al medio citado.
Frente a esta crisis ambiental, la Procuraduría activó un plan de acción que involucra a diversas entidades, como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Defensa, Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y las empresas de la ciudad.
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Aunque Empresas Municipales de Cali (Emcali) asegura que la calidad del agua tratada aún no representa riesgos para los consumidores, la preocupación se extiende a comunidades más alejadas que dependen del río Cali antes de llegar a la bocatoma.
A pesar del parte de tranquilidad por parte la empresa de servicios domiciliarios, la situación en los Farallones de Cali requiere de una acción urgente y efectiva para abordar la minería ilegal y mitigar los graves impactos ambientales, según comentó la Procuraduría. Tal y como comentaron, la contaminación por mercurio y plomo amenaza el ecosistema y la calidad del agua, por lo que le exigen a las autoridades locales y departamentales una respuesta inmediata.